Una marcha para exigir agua limpia y un mejor abastecimiento terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, con un saldo reportado de 39 detenidos y al menos 59 heridos, entre manifestantes y policías, durante el domingo 11 de octubre en Guadalajara.

Miles de ciudadanos salieron de la glorieta de La Minerva hacia la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus para reclamar por el agua turbia, con malos olores y coloraciones oscuras que reciben en sus viviendas.

Al llegar a Casa Jalisco se registraron choques entre agentes y algunos asistentes, mientras la policía utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersarlos, actuación que provocó cuestionamientos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.

La Universidad de Guadalajara y el ITESO confirmaron que entre los detenidos había integrantes de sus comunidades estudiantiles, mientras familiares y abogados acudieron a la Fiscalía para exigir información sobre su situación y denunciaron más arrestos de los reconocidos oficialmente.

El gobierno estatal atribuyó los disturbios a un “grupo de choque”, mientras familiares y defensores sostuvieron que la movilización era pacífica y denunciaron detenciones arbitrarias, por lo que ambas versiones permanecen sujetas al esclarecimiento de los hechos.

Entre los lesionados fueron reportados 28 policías, dos de ellos graves, mientras diez de las personas detenidas ya habían sido liberadas al momento del reporte consultado.

La inconformidad ocurre en medio de una crisis por la calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana, ante la cual Lemus anunció dejar de utilizar el suministro de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, medida que, reconoció, reducirá el volumen disponible durante los próximos meses.

Este lunes 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco explicar la actuación policial y dar a conocer los nombres de los detenidos, además de rechazar la represión contra manifestantes.

“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir”.

Por su parte, Lemus anunció una investigación para sancionar posibles excesos en el uso de la fuerza y aseguró que el servicio de agua seguirá sin privatizarse y sin incrementos en las tarifas.