Veracruz enfrenta desde hace varios años una disputa entre organizaciones criminales que buscan el control de regiones estratégicas del estado mediante actividades como extorsión, secuestro, homicidio, narcotráfico y robo de combustible.

Entre los grupos que con mayor frecuencia aparecen en investigaciones periodísticas e informes de seguridad destacan Grupo Sombra, también conocido como Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS) o Mafia Veracruzana, así como Los Chivos, una organización de alcance más regional.

Diversos reportes públicos identifican a Grupo Sombra como una organización surgida entre 2017 y 2018 como una escisión vinculada al Cártel del Golfo. Su presencia se concentra principalmente en el norte de Veracruz, en municipios como Álamo Temapache, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán y Pánuco.

Al grupo se le atribuyen delitos como extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas, narcotráfico y robo de combustible, además de mantener disputas con otras organizaciones por el control territorial.

Algunas publicaciones señalan como uno de sus principales dirigentes a un individuo conocido con los alias de “Comandante Miranda” o “Comandante Fénix”, aunque esa información no ha sido confirmada mediante una resolución judicial firme.

En contraste, Los Chivos son descritos como una célula criminal de carácter regional que opera principalmente en la zona sur de Veracruz, particularmente en Acayucan y municipios cercanos, donde ha sido señalada por comerciantes y transportistas de imponer cobros de piso, amenazas y otras actividades ilícitas.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente de manera consistente a un líder de Los Chivos ni existe una versión oficial que precise con claridad su origen o estructura de mando.

Uno de los hechos más conocidos atribuidos a Grupo Sombra fue el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, quien fue obligada previamente a grabar un video dirigido a otros trabajadores del volante para advertirles sobre el pago de cuotas de extorsión. El caso provocó indignación nacional y colocó nuevamente a Veracruz en el centro del debate sobre la violencia del crimen organizado.

Respecto a ataques contra las fuerzas de seguridad, Grupo Sombra y otras organizaciones criminales que operan en Veracruz han sido relacionadas en investigaciones oficiales con agresiones armadas contra policías estatales y municipales, así como con enfrentamientos en los que también han participado elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Sin embargo, las autoridades no han atribuido de manera definitiva todos esos ataques a un solo grupo criminal, debido a que en diversas regiones del estado operan varias organizaciones que disputan el control territorial. Por ello, no existe un registro oficial que permita afirmar cuántos policías estatales o elementos federales han sido asesinados específicamente por Grupo Sombra o por Los Chivos.

La violencia registrada en distintas regiones del estado también ha dado pie a constantes señalamientos sobre una presunta protección oficial hacia organizaciones criminales.

Políticos de oposición, periodistas, empresarios, colectivos ciudadanos y analistas han denunciado públicamente que algunos grupos operan con altos niveles de impunidad e incluso han sugerido la existencia de protección institucional.

No obstante, hasta la fecha no existe una sentencia judicial ni una investigación oficial concluida que demuestre que el gobierno de Veracruz encabezado por la gobernadora Rocío Nahle proteja a Grupo Sombra, Los Chivos u otra organización criminal. Tampoco existe una resolución que establezca que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina, como instituciones, brinden protección a dichos grupos.

En diversas conferencias de prensa, Rocío Nahle ha sostenido que su administración mantiene operativos permanentes contra la delincuencia organizada y ha afirmado que “no hay pactos con grupos criminales”. También ha señalado que “quien cometa un delito será investigado y detenido”, además de reiterar que existe coordinación permanente entre las autoridades estatales y federales para combatir la inseguridad. Asimismo, ha rechazado los señalamientos de presunta protección gubernamental y ha insistido en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas.

La ubicación geográfica de Veracruz ha convertido al estado en uno de los puntos estratégicos para el crimen organizado en México. Sus más de 700 kilómetros de litoral sobre el Golfo de México, su red carretera y ferroviaria, así como sus puertos marítimos, representan corredores de alto valor para el tráfico de drogas, combustibles, mercancías ilegales y migrantes.

Especialistas en seguridad consideran que el interés de los grupos criminales por controlar municipios del norte y sur de Veracruz obedece también a la posibilidad de obtener ingresos mediante la extorsión a comerciantes, empresarios, ganaderos, transportistas, taxistas y productores agrícolas, además del robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos.

Grupo Sombra ha difundido en distintas ocasiones videos y comunicados en redes sociales con los que busca intimidar a grupos rivales o enviar mensajes a las autoridades y a la población. Ese tipo de material forma parte de las estrategias de propaganda utilizadas por diversas organizaciones criminales para proyectar capacidad operativa y ejercer control mediante el miedo.

Las autoridades federales han señalado que la violencia registrada en Veracruz no responde a la presencia de un solo grupo criminal, sino a la disputa entre diversas organizaciones que buscan controlar territorios, rutas de trasiego y actividades ilícitas. Esa fragmentación ha provocado alianzas temporales, rupturas internas y la aparición de nuevas células delictivas.

A pesar de los operativos conjuntos realizados por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado, los hechos de violencia, las extorsiones y las desapariciones continúan representando uno de los principales retos para las autoridades de Veracruz.