Para enjaguar su imagen, la cual quedó manchada por la duda de la extorsión ante el cobro excesivo de uso de suelo, licencias de funcionamiento y permiso de Protección Civil, a los establecimientos, el alcalde Mario López, La Borrega, ofreció una conferencia de Prensa para dejar en claro que a los empresarios y comerciantes locales, el Ayuntamiento les va “ayudar” para que regularicen su situación en este rubro; luego que inconformes, amenazaron con iniciar un paro empresarial, por el arremetimiento infame al que fueron sujetos por la autoridad municipal.

Apenas un día antes, que La Borrega saliera a lucir ante las cámaras su cutis perfectamente cuidado, con cremas y mascarillas que guarda celosamente en su frigobar, de Presidencia , en el Congreso del Estado, lo acusaron de extorsionar y le sacaron a relucir los cobros que ejecutó sin piedad, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a empresarios, cadenas comerciales y ciudadanos, basándose en la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, aprobada por el gobierno panistas el 30 de enero de 2019 y que solamente se colectan en este municipio de los 43 que conforman el Estado.

Las diputadas  Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga, dieron la pauta para frenar por medio de una iniciativa de punto de acuerdo las multas previstas en esta ley en su articulo 277, de la cual hizo uso el Ayuntamiento para recaudar sumas millonarias. Mientras que el diputado Isidro Vargas hizo uso de la tribuna para defender al presidente municipal, perdido en la obligación de tener que seguir las instrucciones del alcalde matamorense, en vez de buscar la forma de frenar la desmedida lujuria por obtener recursos de manera por demás injusta, aplicando una norma dictada en tiempos  del gobierno indolente del panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Esa tarde, el alcalde llegó a la sala Pedro Sáez preparado para las preguntas de los reporteros,  que lo esperaban para darle una repasada como nunca, luego de cuatro meses que los tiene sin el pago de publicidad oficial; lo acompañaba el secretario del Ayuntamiento, Carlos Ballesteros; el director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Carlos Martínez y el secretario de la misma Samuel Vega, así como el regidor presidente de la comisión de Obras Públicas, Jorge Aguirre, pero faltó a la mesa Ana Luisa Martínez presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, una de las áreas más afectadas por este cobro.

Los funcionarios iban preparados para responder las preguntas de la Prensa, pues habían estudiado una serie de punto críticos que los reporteros podían cuestionar, por eso se instruyó a Manolo Rodríguez, director de Protección Civil, responder lo mejor posible, porque era vulnerable, pues trabajó de lleno en esta operación, de la cual los empresarios se quejaron de la agresividad, al puro estilo de la extinta Policía Judicial del Estado:

“Los reporteros andan molestos porque les cerraron la llave, debido a un ley federal”, le advirtieron a Manolo, para que se pusiera a las vivas.

Durante la rueda de Prensa, el alcalde leía una discurso en el cual resaltó que las multas no eran extorsiones si no mas bien la aplicación de la ley, pues culpó a la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de establecerla con multas desorbitante, las cuales el Ayuntamiento comenzó a aplicar al pie de la letra desde agosto de 2022 con las Farmacias Guadalajara, Oxxo, Seven Eleven y Farmacia Benavides notificando y clausurando negocios con personal de Protección Civil, lo que provocó el temor y el enojo de los empresarios con la justificación que estas empresa no aportan nada a Matamoros.

El jefe de la comuna estaba consciente que con esta medida algunos se inconformaron con su manera de gobernar, además que se le señaló en las redes sociales y páginas de internet, de cobrar sumas millonarias por el concepto de multas, con el crimen organizado, así que aprovechó el micrófono para acusar que era una falacia, un invento por parte de sus adversarios políticos. A los que se les conoce como enemigos de Matamoros porque no están a su favor como: Beto Granados, Adriana Lozano,  morenistas a los que les dio cabida en su grupo político y ahora están con el gobernador y lo aborrecen. A esta  lista ase suman los empresarios de la Canaco y la mayoría de los diputados del Congreso de Tamaulipas que están en contra de lo que ellos llaman “La Ley Borrega”.

Ante la ola de reproches que los empresarios afectados le han hecho por el cobro de piso Mario López les contesta:

“Jamás esta legislación se ha utilizado para afectar la economía local de Matamoros. La especulación, las leyendas urbanas creadas por paginas de internet en torno a este tema y en especifico por personajes que intentan desacreditar la personalidad jurídica y el buen nombre del municipio de Matamoros y sacar ventaja de su posición de adversarios políticos tergiversan la verdad, para confundir a la población”.

Agrega:

“Hemos iniciado una investigación para dar con los responsables, de dichas páginas y publicaciones tanto del autor intelectual y material, todo esto lo rechazamos categóricamente, no existe ninguna extorsión que provenga de este municipio, lo cierto es que está dentro de la legalidad, regularizar la situación legal de cualquier infraestructura de índole industrial, educativa, de salud o de servicios o comercial, es lo verdaderamente importante en este caso, aunado a la recaudación que Matamoros ha generado”.

Con la seguridad que le da el poder, La Borrega, ofrece descuentos:

“Acérquese a regularizarse, no habrá sanción económica, solo pagaran los derechos de sus permisos… y aquellos casos de cadenas comerciales o industrias tendrán descuentos considerables”.

Como presidente municipal asegura que los empresarios que ya habían pagado las multas, ahora que salió a ofrecer la “ayuda”, en esta nueva etapa si es que se modifica la ley ya no se les va a regresar el dinero y bajan las multas.

En la sala,  Miguel Garay Avila, director de Comunicación Social, buscaba la paz y el órden, uno a uno comenzó a cuestionar al jefe de la comuna, pues los reporteros Víctor Rodríguez y Baltazar Rodríguez estaban inquietos por participar, pero eran ignorados, el alcalde le dio primero la palabra a Mario Alberto Hernández, reportero de la W, que tambien fue insistente y le preguntó por qué si la ley estuvo aprobada desde enero de 2019, apenas la comenzaron a aplicar el año pasado, así que el alcalde se justificó:

“Porque estábamos bien economicamente”.

El alcalde frunce el ceño y se justifica:

“El año pasado saben cuánto nos quitaron de participaciones al municipio y nadie dijo nada, 60 millones le quitaron al municipio, deje de dar servicio, pavimentaciones, alumbrado, compra de vehículos y nadie dijo nada”.

Sin embargo, en la fecha que esta ley fue aplicada, en el poder estaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un político a que su principal forma de gobernar era la venganza, y tenía a La Borrega bajo investigación, por lo que el jefe de la comuna estaba amparado ante la ley federal, imposibilitado, pues incluso evitó ir al cierre de campaña de Américo Villarreal por temor a que Cabeza de Vaca tomara represalias en su contra.

Para La Borrega, los señalamiento contra su mala administración en relación a este cobro de multas exesivas, le pesaba, porque tiene en contra a grupos empresariales, comerciantes, las cámaras de comercio y a los regidores rebelde de Morena que por las orillas buscaban señalar los cobros desmedidos; incluso hicieron llegar la información a la  Secretaría General del Gobierno del Estado, a cargo de Héctor Villegaz, El Calabazo en el gobierno de Américo Villarreal.

Esta conferencia de Prensa debio haberse llevado a cabo el martes 21 de febrero de 2023, pero se pospuso al día siguiente, debido a que directamente le llamaron de la Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria para que atendiera los lineamintos de los empresarios de Matamoros que todavía en ese 21 de febrero en la mesa de Seguridad de de la Capital del Estado estaban señalando ser víctimas de cobros indebidos por el uso de suelo en Matamoros, y aunque los inversionistas locales esperaban que el gobernador Américo Villarreal fuera mas energico en cuanto a las quejas que le hiceron llegar el jefe de ejecutivo estatal prefirió dejar que el alcalde de este puerto fronterizo detuviera la iniciativa de re recaudación en este rubro hasta el 1 de mayo de 2023.

A raiz de esta arremetida en contra de los empresarios por parte del Ayuntamiento morenista, el martes 14 de febrero  por instrucciones del gobernador Américo Villarreal estuvieron en Matamoros el fiscal del Estado Irvin Barrios y el secretario de Seguridad Pública Sergio Chavez, en una reunion privada y sin difusión a los medios de comunicación donde los empresarios de la Canaco, Canacintra y Coparmex les dieron santo y seña a los funcionarios de la situación por la que estaban pasando debido este nueva modalidad de recaudar ingersos por parte del municipio.

Los de la Canaco estatal enviaron una durisima carta al Gobernador Villarreal Anaya el 13 de febrero del 2023,  que entre otras cosas decía:

“Las empresas son obligadas a pagar amparados en la ley del Uso de Suelo y Proteccion Civil cantidades millonarias en la mayoría de los casos impagables ; montos que casi en su totalidad en promedio 90% debe ser entregado en efectivo sin factura; solo un pequeño porcentaje ínfimo 10% en promedio lo justifica el municipio con recibo oficial”.

La lucha por evitar se siga aplicando una ley que da pie a que haya abusos de parte de la autoridad municipal de Matamoros, ha calado hondo en el Cabido donde los regidores morenistas de cepa, conocidos como Los Rebeldes que se caracterizan por ser hombres y mujeres que están en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, se ha hecho patente a través  de sus miembros destacados como Rosy Pérez que afirma que hay quejas de empresarios que el municipio no les está dando recibos membretados por los cobros que les hace por lo que recomienda que recurran al juicio de ampara para evitar este tipo de abusos.