Para negar que el gobierno morenista de Matamoros protege al presunto líder criminal Evaristo N., El Vaquero, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Ballesteros y Magaly Marroquín Mendoza, directora de la Unidad de Transparencia, organizaron una conferencia de prensa en apoyo al alcalde Mario Alberto López Hernández, La Borrega.

A nivel nacional, los medios de comunicación publicaron la versión de que habría un vínculo del actual gobierno municipal con El Vaquero, pero Ballesteros y Magaly aseguraron apoyados con la página de Transparencia, que la incorporación en nómina del capo, fue en 2017, durante la administración del empanizado, Jesús Chuchín de la Garza.

En la página amplificada, justo en el escudo de Matamoros, Tamaulipas, mostraron la manipulación, dando a entender que el ahora titular de la Administración Portuaria Integral Tamaulipas (API), Jesús Chuchín de la Garza, tenía en nómina a El Vaquero.

También con el consentimiento de la entonces jefa de Recursos Humanos, Erika Gloria Cavazos de la Garza, actual candidata a regidora en la planilla del contendiente a Presidente Municipal, Pedro Luis Coronado, Peluco, yerno de la panista Silvia Almanza:

Para que se escuchara mejor, Ballesteros, se despojó un momento del cubrebocas para señalar:

“Esto tiene tintes políticos, en vísperas de los procesos electorales que están en puerta, puesto que el Alcalde Mario Alberto López Hernández, tomo posesión el uno de octubre de 2018”.

Tanto Ballesteros como Magaly, explicaron que en la Plataforma Nacional de Transparencia, no hay datos que acrediten que El Vaquero, perciba un sueldo mensual en este gobierno municipal, que todos lo pueden verificar, pero que hay especialistas en informática, que pueden manipular la información y editarla a sus intereses.

Insisten que El Vaquero, Ballesteros y Magaly nunca se encontró dentro de la nómina municipal, porque todo es producto de las elecciones con la finalidad de restarle mérito a Mario Alberto López, La Borrega.

En la campaña mediática emprendida a nivel nacional contra la administración Morenista en Matamoros, que encabeza Mario Alberto López, La Borrega, dejó al descubierto la mano del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Esto porque Javier Castro Ormaechea, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, ya había hecho una investigación por varios meses, checaron nóminas de la Secretaría de Seguridad Pública en Matamoros y se hicieron de la vista gorda al detectar a El Vaquero.

Todo empezó en 2018, cuando el entonces regidor panista Antonio Amaro Chacón, Juniorlito, títere de Carlos Alberto García González Chito -que en ese momento era diputado federal-, fue detenido por conducir en estado de ebriedad por dos agentes de la dirección de Tránsito Local, primero los humilló y juró venganza.

Asesorado por Chito, Juniorlito presentó una denuncia en la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción el 6 de julio de ese 2018, contra 30 empleados y funcionarios de Seguridad Pública, entre los que figuraban, el propio jefe policíaco, Marco Antonio Trejo Morales, el director de Tránsito y Vialidad, Carlos Martín Aguirre Salazar y la directora de Recursos Humanos del municipio, Erika Gloria Cavazos de la Garza.

Todos ellos de la administración priísta de Jesús Chuchín de la Garza Díaz del Guante –ahora jefe de la API del gobernador Cabeza de Vaca-, cuyo delito imputado fue de Ejercicio Ilícito de Servicio Público, en el Ayuntamiento de Matamoros 2016-2018.

De la investigación que ejecutó personalmente el panista Javier Castro Ormaechea, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, detectó que el entonces alcalde Jesús Chuchín de la Garza, contrataron a 30 personas para laborar en un grupo denominado Vigilancia Municipal.

Según la acusación de Juniorlito, ese grupo hizo funciones sin estar acreditados. Se manejaban como agentes de Tránsito y Vialidad, pero no de vigilantes.

De hecho, ninguno reúne los requisitos legales para desempeñar el cargo según la denuncia de Juniorlito, asesorado por Chito García, ahora Secretario de Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas.

A finales de agosto de 2018 un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Marco Antonio, Aguirre y Erika Cavazos, según información de Irving Barrios Mojica, panista de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas.

La medida ordenada por el Juez de Control, incluyó a 30 empleados municipales que estaban contratados como vigilantes, exclusivamente para cuidar los edificios públicos.

Sin embargo, estos elementos recibieron uniformes con las insignias de Tránsito y Vialidad y les dieron facultades para imponer infracciones a los automovilistas de Matamoros.

Todas estas labores, según el Fiscal Irving, las hicieron sin haber aprobado ninguna prueba de confianza, ni tener acreditación de ningún tipo. Tampoco habían recibido nombramientos formales, tras una revisión exhaustiva de la nómina de Seguridad Pública en Matamoros.

El Gobierno de Tamaulipas detalló en el comunicado oficial, que de esta manera:

“Refrenda su compromiso de combatir la corrupción e impunidad, para garantizar la honestidad y legalidad de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones”.