Matamoros, Tamaulipas.- Luego de la polémica generada por los presuntos cobros por consumo de alcohol en eventos sociales, el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez, aseguró que las disposiciones municipales aplican únicamente para establecimientos comerciales como quintas, palapas, albercas y salones de fiestas, descartando que las casas particulares entren en esa regulación.

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que en ningún momento afirmó que las reuniones privadas dentro de domicilios fueran sujetas a pago o supervisión por parte del municipio, señalando que la intención de la administración es “invitar” a los propietarios de negocios a regularizarse para evitar sanciones estatales.

“En ningún momento son casas particulares, ahí no aplica”, expresó.

La controversia surgió luego de que se difundiera que los recintos donde se celebren eventos con bebidas alcohólicas deberán cubrir un permiso eventual con costo aproximado de mil 173 pesos, equivalente a 10 UMAS.

Al ser cuestionado sobre qué ocurriría si una persona organiza una fiesta en un terreno particular con cientos de invitados y alcohol, Perusquía insistió en que existe una diferencia entre un inmueble privado y un negocio que obtiene ganancias mediante la renta del espacio.

“En la palapa estás percibiendo una renta, estás comercializando”, argumentó.

El secretario recalcó en diversas ocasiones que el municipio “no aplica multas”, debido a que las sanciones relacionadas con alcohol corresponden a la Dirección de Alcoholes del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Finanzas estatal.

Según explicó, los permisos eventuales buscan servir como respaldo para los propietarios de estos negocios en caso de una inspección estatal.

“Es para evitarle que venga Gobierno del Estado y les aplique esa multa”, señaló.

Durante el intercambio también surgieron cuestionamientos sobre la facultad legal del municipio para emitir dichos permisos, debido a que la Ley de Alcoholes establece que los permisos permanentes y eventuales corresponden al Gobierno del Estado.

Ante ello, Perusquía respondió que existe un convenio entre el Ayuntamiento y la administración estatal que permite al municipio participar en ese procedimiento, aunque reconoció que no tenía a la mano el número ni la fecha del documento.

“Sí existe ese convenio”, afirmó.

El entrevistador insistió en que dicho acuerdo debe hacerse público para aclarar las dudas generadas entre propietarios de quintas y salones de eventos, mientras el funcionario reiteró que la medida busca mantener a los negocios “regularizados” y protegidos frente a posibles operativos estatales.