La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contra el cobro de 5 mil 810 millones de pesos, además ordena recalcular la deuda generada desde 2009 por impuestos de predial, nómina y agua determinados por la Ciudad de México.

Con seis votos a favor, el proyecto de la ministra, Lenia Batres Guadarrama, hermana del director del Instituto, Martí Batres Guadarrama, se aprueba pese a solicitudes de aplazar la discusión tras un posible acuerdo planteado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, incluso el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pide revisar datos antes de votar, petición que la ponente rechaza.

Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa Betanzó se declara impedido por haber participado en la resolución previa del caso como magistrado, decisión avalada por unanimidad, mientras el proyecto establece que los inmuebles del Instituto pertenecen al dominio público y quedan exentos de impuestos locales conforme a la Constitución.

El fallo genera división, la ministra María Estela Ríos vota en contra al considerar improcedente el amparo por extemporáneo, aunque coincide con el fondo, en tanto la ausencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf marca la sesión, además el impacto del cobro representaría cerca del 20 por ciento del predial en la capital y afectaría servicios de salud, pensiones y prestaciones del Instituto.