Tamaulipas, el estado fronterizo con Estados Unidos de Norteamérica que tiene el desprestigio de ser la región con más desapariciones en México, con cinco mil de las 26 mil contabilizadas a nivel nacional, aunque para los miembros del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en el estado, la cifra real es de 11 mil casos.

Ante la crisis de extinción en México, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU anunció el cuatro de abril la apertura de un procedimiento para analizar el fenómeno en el país y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Así el CED activa el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, abriendo la posibilidad a que el caso sea atraído por la Asamblea General de la ONU.

El presidente del Comité, Olivier de Frouville, reconoció que actualmente el país enfrenta una “situación preocupante” en relación con este fenómeno, razón por la que el órgano decidió aplicar tres procedimientos extremos establecidos en la Convención, entre ellos el de acción urgente (Artículo 30) y el de comunicaciones individuales (Artículo 31).

La desaparición de 43 estudiantes en Guerrero (sur) en 2014 puso un foco sobre el drama de los desparecidos en México, pero hay muchos otros en todo el país.

Guillermo Gutiérrez Riestra, en su momento relató:

“Fue a principios de septiembre de 2011, un comando armado se metió a mi casa y levantó (secuestró) a mi hija Raquel, de entonces 19 años, y a un amigo que estaba con ella. Estaba por entrar a la universidad, soñaba con ser abogada”.

Sollozando sigue su relato allá en Ciudad Victoria:

“La levantaron en un operativo, fueron ellos… Los Zetas. Quemaron la casa, el carro. Eso mismo hicieron todo el día en la ciudad. Yo creo que nada más ese día levantaron como a 50 jóvenes. Pensamos que fue como una leva para forzar a la gente a entrar a su organización”.

De Frouville explicó que, se procedió de acuerdo al Artículo 34, que establece que si el comité considera que las informaciones fundamentadas, confirman que las desapariciones se llevan a cabo de manera general o sistemática en territorio mexicano, el órgano podrá llevar el tema, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

México es el país con mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada emitidas por el Comité de Desapariciones Forzadas, 681 hasta septiembre de 2024, a través de las cuales se le ha pedido al Estado tomar inmediatamente las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a las personas beneficiarias, señalan reportes dados a conocer.

Lo último que Alma Miriam Ruiz supo de su hija Dalia, de 26 años, fue que estuvo en la estación de autobuses de San Fernando a finales de agosto de 2010, cuando 72 migrantes centroamericanos fueron brutalmente asesinados por Los Zetas.

Alma trabajaba en San Fernando para mantener a sus hijos, a quienes dejó en Ciudad Victoria al cuidado de su madre. Quería volver a casa:

“No sé mucho de la desaparición de ella. Dicen que un fulano de esos ( narcotraficante) la tenía a la fuerza, incomunicada. Pienso que se las llevan para tenerlas trabajando, como pareja”.

Durante la clausura del 28 periodo de sesiones, en Suiza, el presidente del comité, Oliver Frouville, aseguró que el CED recibió un reporte que, en su opinión, contiene información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México.

Gladys, de 35 años, estaba orgullosa de ser Policía Estatal (hoy Guardia Estatal). Odiaba el trabajo de escritorio, amaba los operativos. Su madre, María Luisa Silva, muestra una fotografía donde la joven aparece sonriente con su uniforme y arma larga en mano. El 14 de mayo de 2014 salió a comer con una amiga y nunca más regresó:

“No sabemos con qué amiga fue, creo que su desaparición pudo ser una represalia ligada a su trabajo policial. Nueve días antes mataron a un jefe de la policía en una balacera. Detuvieron como a nueve policías (todos ellos salieron en libertad). Mi hija peleó con uno de los delincuentes, pero lo detuvo”.

Las organizaciones civiles Plataforma por La Paz y La Justicia en Guanajuato y Solidaridad Consultora informaron que, el CED dictó medidas cautelares al Estado mexicano por los hallazgos de restos humanos y cientos de objetos personales, en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Expusieron que entre las acciones que las autoridades, resguardarán los restos óseos y cientos de objetos personales encontrados, además de garantizar el acceso a la información, la participación y protección de los familiares de las personas desaparecidas.