Apenas a unos días de que el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, nombrara como nuevo delegado de Tránsito a René Santiago Rodríguez, la corporación volvió a quedar bajo fuertes cuestionamientos por presuntos abusos cometidos durante los operativos de alcoholímetro.

La primera queja formal por abuso de autoridad ya llegó directamente al jefe de la comuna luego de que durante uno de los retenes instalados el pasado fin de semana, agentes viales obligaron por la fuerza a un automovilista a realizarse la prueba del alcoholímetro, sometiéndolo “a rastras” en medio de escenas de brutalidad que causaron indignación entre familiares y testigos.

De acuerdo con la información dada a conocer, por el mismo Granados, el afectado y su familia temían represalias por denunciar lo ocurrido, debido a que finalmente el conductor dio negativo en la prueba de alcoholimetría.

La situación provocó que el propio alcalde reconociera el caso públicamente durante la conferencia de prensa del lunes 18 de mayo de 2026, donde adelantó que su gobierno municipal modificará el protocolo de actuación en los operativos del alcoholímetro ante las denuncias de abuso cometidas por agentes de tránsito.

La corporación vial arrastra desde hace años una severa crisis de credibilidad y una mala imagen pública derivada de constantes acusaciones de extorsión y corrupción, el propio alcalde Granados ha exhibido a agentes que sorprendió cometiendo actos deshonestos en contra de automovilistas.

Aunque el Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito Municipal establece que las autoridades pueden aplicar pruebas de alcoholimetría cuando existan indicios de consumo de alcohol, ningún ciudadano puede ser obligado físicamente a autoincriminarse ni sometido mediante el uso de la fuerza para realizar la prueba.

Es urgente que el Cabildo, particularmente la comisión de Seguridad Pública encabezada por el regidor Jorge Rentería, intervenga de manera directa para supervisar los operativos y evitar nuevos abusos por parte de agentes viales.

También es necesario que en los retenes de alcoholímetro participe personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organismos ciudadanos independientes del ramo que puedan certificar y dar fe de que los procedimientos que realiza Tránsito Local los hace con estricto apego a la legalidad.

Entre las principales dudas planteadas se encuentra si los aparatos utilizados para medir el nivel de alcohol en el aliento están debidamente certificados y calibrados, así como si los agentes encargados del operativo cuentan realmente con capacitación y certificación oficial para aplicar correctamente este tipo de procedimientos, pues a como se venían conduciendo anteriormente, dejaban entrever que lo que querían era extorsionar a la población.

Otro de los cuestionamientos recurrentes es que algunos retenes suelen instalarse en zonas oscuras o con poca iluminación, situación que genera temor y desconfianza entre automovilistas, quienes consideran que este tipo de acciones carecen de suficiente transparencia, y los colocan en esos lugares para poder cometer sus abusos amparados en las sombras.

El caso ha vuelto a colocar bajo presión a la dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros, en momentos en que el nuevo delegado René Santiago Rodríguez apenas cumple alrededor de 15 días al frente de la corporación que en realidad no muestra ninguna mejoría en cuanto imagen ni conducción con la ciudadanía.