A un año de que se venza el decreto donde el gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca dictó que la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros pasará a manos del Estado, ningún cambio extraordinario ocurrió: los agentes viales siguieron en la calle extorsionando automovilistas y las grúas echando arrastre por todos rumbos de la ciudad, con el agravante de que ahora no hay con quien acudir para emitir alguna queja porque el edificio de la cede policiaca ubicado por la Marte R. Gómez, es un centro chatarrero donde el acceso al público, esta vedado.
A un año de que se venza el decreto donde el gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca dictó que la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros pasará a manos del Estado, ningún cambio extraordinario ocurrió: los agentes viales siguieron en la calle extorsionando automovilistas y las grúas echando arrastre por todos rumbos de la ciudad, con el agravante de que ahora no hay con quien acudir para emitir alguna queja porque el edificio de la cede policiaca ubicado por la Marte R. Gómez, es un centro chatarrero donde el acceso al público, esta vedado.
En esas desvencijadas instalaciones que se caen a pedazos, con sus patios convertidos en basurero, habita Francisco Javier Rojas Bárcenas, de cuyo desempeño frente a la Secretaría Seguridad Pública se desconoce de manera oficial qué resultados positivos se han generado desde que fue asignado al cargo por el gobernador, aunque lo que si se sabe es que vive una abulia de temor dado que permanece atrincherado en el lugar sin salir, pues allí mismo en el área de lo que fuera el C-4 la habilitó para vivir.
La función que Rojas Bárcenas vino ha hacer a Matamoros, mas que presentar trabajo para prevenir los delitos comunes, fue para obtener datos e información privilegiada suficiente para iniciar una persecución política-policiaca en contra de la administración morenista de Mario Alberto López, La Borrega, objetivo que alcanzó sin dilación al poner a disposición de la Fiscalía General del Estado, el lunes 2 de noviembre del 2020, una docena de vehículos rotulados de procedencia norteamericana que el ayuntamiento utilizaba como patrullas, pero que la autoridad estatal consideró que estaban de forma ilegal al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Ante esta situación hubo despido masivo de personal de mandos superiores de Seguridad Pública; los dos primeros que cayeron fue el delegado de Tránsito Local Jorge Mora Solalinde y Jorge Orizaga, que fungía como Secretario de Seguridad Pública, pero las cosas no pararon allí, porque con fundado temor a que les resultara orden de aprehensión tramitaron todos una serie de amparos ante los tribunales federales, en la lista con protección federal se incluyeron además: el alcalde Mario Alberto López La Borrega; secretario del ayuntamiento Federico Fernández; oficial Mayor Héctor Reina Massu; Recursos Humanos, Fabiola Garza e Isidro Vargas, segundo síndico.
A finales de diciembre de 2020 y ya entrando el 2021 cuando el proceso electoral estaba en pleno desarrollo el nerviosismo entre el alcalde Mario López La Borrega y sus colaboradores cercanos era evidente, les daba temor salir a la calle porque sabían que de un momento a otro con cualquier pretexto podrían ser detenidos y presentados ante un juez del Estado acusados de tener en comodato una docena de autos y demás accesorios que según la Fiscalía Estatal no estaban en el inventario, pretexto suficiente para hacerlos comparecer.
Siempre bajo las órdenes de Carlos Alberto García González, Chito, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, cuya esposa Ivett Bermea Vázquez, se apuntó como candidata del PAN en busca de la Alcaldía, Rojas Bárcenas a quien lo identifican en el medio policíaco con el mote de El Tragabalas, estaba atento a recibir las órdenes del día, dándose así un choque frontal entre el gobierno municipal y el funcionario que recién tomaba el cargo, que nunca tuvo la amabilidad de cruzar palabra con el jefe de la comuna ni buscar una estrategia para prevenir los delitos comunes.
Ante la embestida del gobierno estatal contra el municipal y para mejorar la relación deteriorada por los agravios, el alcalde Mario López, La Borrega, dispuso la sustitución de las 12 patrullas usadas de procedencia norteamericana, entregando 12 camionetas nuevas Nissan NP-300 a la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros en manos del Gobierno del Estado, donde el decreto que sostiene el nombramiento de Francisco Javier Rojas Bárcenas, vencerá este 22 de septiembre sin cambio alguno porque los tránsitos y las grúas siguieron en el atraco.
Es que las 12 unidades les sirvieron para hacerse más rápidos y voraces.
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