Luego de que el fiscal general de los Estados Unidos de America William Barr desestimara los cargos por narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, la jueza Carol B. Amon, del Distrito Este de Nueva York, ordenó su liberación.

En audiencia virtual la jueza siguió el protocolo del fiscal general y preguntó a Cienfuegos que si estaba de acuerdo en la decisión aclarándole que sería deportado a México, lo que el militar mexicano aceptó; en una audiencia que no duró más de 15 minutos.

La desestimación de los cargos contra el general mexicano se da en medio de una crisis sorda entre los gobiernos de Estados Unidos y México donde quedó en claro que las embajadas y los consulados del país del norte con sus agregados de agencias como la DEA espían hasta a los altos funcionarios militares -sin informar a la cancillería- aún y cuando ellos mismos son sus aliados en la lucha contra el narcotráfico.

El hecho de que se haya capturado a Cienfuegos reabrió el debate sobre hasta donde llega la incursión de los Estados Unidos de América en labores de investigación propias de Mexico aunque se viole la soberanía nacional, sin que el senado de la República intervenga con energía para evitar extralimiaciones de los vecinos del norte.

De haber seguido el proceso en contra de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos de América, tendría que explicar bajo qué esquema hizo las investigaciones dando detalles sobre intervenciones telefónicas y otro tipo de espías, además que por ser un oficial de alto rango, la milicia y las fuerzas armadas de México podrían cerrarse a cooperar de manera bilateral sabiendo que corren riesgo de ser enjuiciados por sus mismos aliados.

Cienfuegos será deportado de los Estados Unidos de América como cualquier ciudadano común y en la condición de su liberación va implícito su enjuiciamiento en México, pero como el general no tiene orden de aprehensión, acá quedará libre, mientras se le investiga.