Con la soga al cuello, su semblante altanero marchito, la prohibición judicial de abandonar México, dos autos de vinculación en su contra, y a unos pasos de ir a la cárcel, Carlos Alberto “Chito” Garcia González, secretario de economía en el sexenio panista de Francisco García Cabeza de Vaca, se olvidó de la lealtad que le juró llorando a su patrón y ahora lo culpa de su desgracia, al asumirse él, como solo una figura decorativa en el área económica, un mandadero mas, como receptor de proyectos, cuyas decisiones y asignaciones serían operadas directamente por el jefe del ejecutivo estatal.

Bajo estas condiciones denigrantes la soberbia infinita de Chito, de todas maneras se vio recompensada, pues, a cambio de dejarse ningunear por el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca, nuestro personaje vino a desquitarse con los matamorenses, para imponer en la Junta de Aguas y Drenaje a un residente de Texas, el tristemente célebre Guillermo Lash, y desde ahí saquearla, para operar las campañas políticas, primero a favor de él, como candidato a la alcaldía por el PAN, que perdió en el 2018 con Mario Lopez la borrega de morena; la segunda candidatura al mismo cargo en 2021 por el PAN de su esposa, Ivett Bermea, que también perdió.

Hasta hoy, este organismo operador de Matamoros, sufre el embate infame de estos políticos deshonestos saqueadores que roban aquí y viven en Texas, a los que la administración morenista que encabeza Jose Alberto Granados, presidente del Consejo de administración, de la Junta de Aguas y Drenaje Matamoros de Aguas de Matamoros aún no los ha requerido judicialmente para que regresen al pueblo lo robado muy a pesar de qué la ciudad se encuentra flotando entre las eses fecales.

Carlos Alberto “Chito” García González, fue secretario de Desarrollo Económico desde septiembre de 2018 hasta el cierre de la administración y huida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en 2022, quien está involucrado en tres expedientes criminales por contratos celebrados entre 2019 y 2020 que suman 11 millones 612 mil 941 pesos.

Hasta este 1 de noviembre de 2026 no existía registro público de una orden de aprehensión librada en su contra, a diferencia de otros excolaboradores del exgobernador, sobre quienes pesan al menos ocho órdenes de captura de carácter local pero se encuentran fuera del país o evadidos; García González compareció ante un juez de control de la Primera Región Judicial del Estado, que en audiencias celebradas el 15 y el 20 de octubre de 2025 lo vinculó a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades y por desempeño de funciones judiciales o administrativas.

Como medidas cautelares, el juez le prohibió salir del país y acercarse a Ninfa Cantú Deándar, quien presentó la denuncia cuando encabezaba la Secretaría de Desarrollo Económico, así como a las instalaciones de esa dependencia.

También le fijó una garantía económica de 200 mil pesos, contra la cual el exfuncionario obtuvo un amparo por falta de fundamentación y motivación, resolución que no tocó el fondo de las acusaciones; impugnó además la vinculación a proceso, recurso que seguía sin resolverse al 23 de octubre de 2026.

De esta manera, la acción penal nació dentro de la propia dependencia que él encabezó.

En marzo de 2023, Cantú Deándar informó que la Secretaría de Economía había presentado 17 denuncias contra exservidores públicos por corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado, con un daño patrimonial calculado en 32 millones de pesos.

Entre las conductas señaladas destacó el abuso de funciones para beneficiarse a sí mismos y a terceros, así como desvíos de recursos públicos sin sustento jurídico.

Así, los expedientes quedaron en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, encabezada desde febrero de 2026 por Andrés García Repper, que acumula cerca de 790 carpetas de investigación contra exfuncionarios, la mayoría del gobierno de García Cabeza de Vaca.

Hasta julio de este año, jueces de control habían vinculado a proceso a 29 exfuncionarios de mando medio y alto de esa administración, con un quebranto acumulado superior a 2 mil 423 millones de pesos.

Por lo que toca a García González, la primera causa, identificada como CP/0367/2025, corresponde a un contrato de servicios profesionales por 3 millones 250 mil pesos firmado el 16 de julio de 2019, en el que participó junto con Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración.

En tanto, la causa CP/0352/2023 investiga un pago anticipado de 4 millones 998 mil 941 pesos por servicios para la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020, según la acusación, el desembolso se hizo el 4 de marzo de 2020, antes de que se prestaran los servicios y sin cumplir las condiciones de entrega pactadas en las cláusulas cuarta y quinta del contrato.

Este expediente, abierto en 2023, sigue sin audiencia inicial porque desde noviembre de ese año el Ministerio Público no ha entregado al juzgado los domicilios de los imputados.

Por último, la causa CP/0385/2023 se refiere a la contratación de servicios de promotoría, gestoría y representación del gobierno estatal en un proyecto turístico, comercial y de esparcimiento en Reynosa.

La Fiscalía sostiene que en diciembre de 2020, como secretario técnico del Comité de Compras, García González autorizó una adjudicación directa hasta por 3 millones 438 mil 240 pesos cuando la normatividad estatal exigía invitar al menos a tres participantes.

El contrato se firmó finalmente con Santos-Elizondo, S.C., por 3 millones 364 mil pesos.

De acuerdo con las imputaciones, el patrón se repite en los tres casos:

contratos asignados sin concurso, pagos liberados antes de recibir los servicios y procedimientos de excepción utilizados cuando el monto obligaba a abrir la competencia entre proveedores.

En cuanto a quienes lo acompañan en los expedientes, la autoridad judicial identifica a Miguel Villarreal Ongay en el primer caso y a otros tres imputados, cuyos nombres no se han hecho públicos.

Algunos de estos reportes se ligan a expedientes dentro de la red de contrataciones de Sergio Carmona Angulo, conocido como el Rey del Huachicol, asesinado en 2021.

La única empresa identificada en las causas contra García González es Santos-Elizondo, S.C., sin embargo judicialmente aun no se han establecido vínculos entre ambos.

En entrevista concedida el viernes 23 de octubre de 2026 a la periodista Rosy Pereda, del programa Informativo W, aseguró que los hechos que se le imputan “fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo estatal”, y señaló en particular a su jefe el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Según su relato, en los primeros días de su gestión fue citado al despacho del gobernador, quien le indicó que “los proyectos me llegarían de su parte” y que su dependencia debía limitarse a fungir como área requirente, es decir, a solo a solicitar los servicios.

Las decisiones sobre empresas, montos y pagos, sostuvo, correspondían a funcionarios de otras secretarías que, a su juicio, también obedecían órdenes del Ejecutivo.

Con una notoria depresión, agobiado por su incierto futuro que podría terminar tras las rejas, García González ha reiterado a sus amigos:

“Yo no tenía atribuciones para seleccionar proveedores, asignar contratos o autorizar pagos”,

La petición de Garcia Gonzalez a los jueces que están llevando su caso, es que reconstruyan toda la cadena de mando para establecer quién instruyó, quién adjudicó, quién autorizó y quién ejecutó los pagos.

Dijo hablar sin presión de nadie, confiar en que las autoridades resolverán con apego a derecho y estar dispuesto a seguir compareciendo.

Nacido en Matamoros el 8 de julio de 1971, García González es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas y contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Fue diputado federal por el IV Distrito de Tamaulipas en dos ocasiones, en la LX Legislatura, electa en 2006, y en la LXII, electa en 2012. Después fue diputado local, cargo del que pidió licencia en 2017 para registrarse como precandidato del PAN a la presidencia municipal de Matamoros.

Mientras tanto, el proceso sigue su curso. Para el viernes 30 de octubre de 2026 estaba programada, ante el juez Juan Artemio Haro Morales, una audiencia intermedia o de procedimiento abreviado en la causa del proyecto de Reynosa, cuyo resultado no se había dado a conocer al cierre de esta edición.

Un procedimiento abreviado implicaría que el exsecretario acepte su responsabilidad a cambio de una pena reducida, lo que contrastaría con la defensa que ha sostenido en público.