La liberación de un niño de 12 años dejó al descubierto una nueva exigencia contra habitantes del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, quienes denunciaron que los captores condicionan el regreso de otros siete pobladores a cambio del control de sus tierras. Hasta los últimos reportes consultados este lunes 5 de octubre de 2026, seguía sin confirmarse la liberación del resto del grupo.

Los ocho vecinos fueron privados de la libertad el jueves 24 de septiembre, cerca de la comunidad de La Lajita, cuando realizaban actividades del campo y cuidaban ganado. Entre las víctimas había dos menores y un adulto mayor, mientras los habitantes señalaron a La Familia Michoacana como responsable de la agresión.

De acuerdo con testimonios el niño liberado, identificado como Jordi Alberto, caminó unas tres horas por el monte hasta llegar a una base militar y posteriormente fue trasladado con su familia. Los pobladores afirmaron que llevaba un mensaje de los secuestradores  para exigir el dominio del territorio como condición para entregar a los demás.

La comunidad denunció que el interés del grupo criminal incluye explotar los recursos maderables y controlar la ruta serrana que conecta Tierra Caliente con Costa Grande. Los ejidatarios rechazaron la exigencia y solicitaron la intervención del Gobierno federal para recuperar con vida a sus vecinos.

El caso ocurrió cuatro días después de que pobladores de la ruta Tecpan–El Balcón–Fresnos de Puerto Rico anunciaran que se organizarían para impedir el despojo de sus tierras. Por esa secuencia, los habitantes consideran que la privación de la libertad pudo ser una represalia contra su resistencia al avance criminal.

Mientras tanto, las familias también denunciaron que militares entregaron al niño todavía esposado, situación que generó molestia entre los vecinos.

La inconformidad llevó a más de dos mil personas a marchar el viernes 2 de octubre en Tecpan de Galeana, sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, para exigir la presentación con vida de los afectados. Durante la protesta, familiares y habitantes denunciaron omisiones de las autoridades y pidieron una Base de Operaciones Mixtas permanente para proteger a las comunidades.

En un comunicado previo, el ejido señaló que había respetado el tiempo solicitado por el Gobierno para obtener resultados, pero el plazo terminó sin el regreso de sus vecinos ni respuestas claras sobre su paradero. Las familias insistieron en que se trata de personas dedicadas al campo, al ganado y al bosque.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró el 2 de octubre que existían avances y que correspondería a la Fiscalía informar los resultados. También señaló que continuaban las investigaciones y las acciones de búsqueda, sin precisar qué se había logrado.

El Gobierno estatal informó que en los operativos participan Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, en coordinación con representantes comunitarios y familiares. Las labores incluyen recorridos por caminos y localidades de la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Según Agencia Reforma, la Fiscalía había recibido denuncias por cinco de los afectados y emitido sus fichas de búsqueda, aunque los habitantes reportaban siete personas todavía cautivas después de la liberación del niño.