Una investigación por el ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos llevó a prisión a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, acusado por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red que utilizaba empresas y documentos aduanales falsos para introducir gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes.

El exmandatario fue detenido el jueves 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, mediante una orden de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde un juez le impuso prisión preventiva y el 23 de julio lo vinculó a proceso junto con otras siete personas.

Las investigaciones comenzaron después del aseguramiento de ferrotanques y autotanques con combustible en Coahuila durante julio de 2025. Aquella operación condujo a Ingemar, empresa dedicada a realizar gestiones aduanales, en la que Ruffo aparecía como accionista y secretario del consejo de administración desde 2021.

De acuerdo con el expediente, durante 2025 la estructura introdujo más de 18 millones de litros de gasolina y diésel por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo. Los cargamentos eran registrados con cantidades inferiores a las transportadas, lo que habría permitido evadir 166.4 millones de pesos en impuestos. Una investigación más amplia calcula que las empresas relacionadas movilizaron hasta 800 millones de litros en 15 meses, causando un daño fiscal de aproximadamente 5 mil 400 millones de pesos.

Dentro de la trama aparecen compañías como Crismon Hidrocarburos y Derivados, Lambrucar y Mapror, además de distribuidores estadounidenses. Parte del producto salió de Deer Park Refining, filial de Pemex localizada en Texas, desde donde fue enviado más de un millón de litros de gasolina que ingresaron a México con irregularidades en su declaración.

Entre 2024 y 2025, la FGR detectó transferencias por 18 millones de pesos de Ingemar hacia Ruffo, movimiento que, según la autoridad, “pone de manifiesto su participación en el aprovechamiento de los recursos generados”. La familia del político afirma que se trató de un préstamo y sostiene que fue engañado por otros socios.

Desde el Altiplano, el exgobernador negó conocer las operaciones ilegales y aseguró que Ingemar solamente realizaba trámites aduanales. Al enterarse de que parte del combustible provenía de Deer Park, acusó a Pemex de estar “huachicoleándose a sí misma” y señaló al Gobierno federal de utilizar su caso para desviar la atención de posibles irregularidades dentro de la petrolera.

Tras la captura, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de una persecución contra el PAN y afirmó que “los jueces van a ser imparciales”. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la investigación llevaba más de un año y adelantó que “habrá más detenciones”.