Lo que parecía un viaje de compras hacia Estados Unidos terminó con la detención de Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, entonces inspectora y notificadora del Ayuntamiento de Tecate, después de que agentes fronterizos localizaron casi 70 kilos de metanfetamina escondidos en la camioneta que conducía.

Los hechos ocurrieron la mañana del 26 de agosto de 2026 cuando la trabajadora municipal llegó a la garita de Tecate a bordo de una Nissan Rogue modelo 2020 y alrededor de las 10:43 horas solicitó ingresar a territorio estadounidense.

Ante el agente fronterizo aseguró que su intención era acudir a una tienda Home Depot porque se encontraba remodelando su casa, sin embargo durante la inspección fueron detectadas anomalías debajo del piso de los asientos delanteros y la unidad fue enviada a una segunda revisión.

Perros entrenados para detectar narcóticos marcaron la camioneta y los agentes encontraron un compartimento que no pertenecía a la estructura original del vehículo, donde había 30 paquetes que contenían alrededor de 69.39 kilogramos de metanfetamina.

Durante el interrogatorio, la mujer negó saber que transportaba droga, aseguró que nadie le había pedido llevar mercancía hacia Estados Unidos y señaló que había mantenido la camioneta bajo su control durante los días anteriores.

El arresto se realizó alrededor de las 12:26 horas y posteriormente la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California presentó una acusación relacionada con la importación de una sustancia controlada.

Al momento de ser detenida, Ortega Olazagasti trabajaba como inspectora y notificadora del Departamento de Justicia Cívica, área dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, administración encabezada por el alcalde Román Cota Muñoz.

Dos días después del arresto compareció ante el juez federal Brian White, quien le fijó una fianza de 20 mil dólares y estableció entre las condiciones permanecer en el condado de San Diego, presentarse ante la Corte cuando fuera requerida y no regresar a México mientras continúa el proceso.

Tras conocerse públicamente el caso, el Ayuntamiento informó que la trabajadora había sido dada de baja desde el 2 de septiembre y se deslindó de los hechos al señalar que “los actos atribuidos a esta persona no tienen relación alguna con sus funciones ni representan el actuar de la administración municipal”.

El 9 de septiembre el alcalde Román Cota aseguró que su gobierno se enteró del caso a través de los medios porque las autoridades estadounidenses no enviaron una notificación oficial y calificó como “injusto” que por este hecho se catalogue a su administración como un “narcogobierno”.