A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, agentes de la Policía […]
A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron detener a Arturo “N”, señalado como probable responsable del crimen ocurrido en septiembre de 2016, el hombre fue localizado el 31 de agosto en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, después de años de investigaciones para dar con su paradero.
Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de septiembre de 2016, cuando Paola se encontraba trabajando en Puente de Alvarado, en la alcaldía Cuauhtémoc, y abordó el automóvil del ahora detenido luego de que éste solicitara sus servicios, minutos después pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon dos detonaciones, al acercarse encontraron a la joven inconsciente en el asiento del copiloto y al conductor con un arma de fuego en la mano.
Arturo “N” fue detenido aquella misma noche, sin embargo dos días después quedó en libertad luego de que un juez considerara que no existían elementos suficientes para mantenerlo detenido, situación que provocó indignación entre las personas cercanas a Paola y abrió una larga exigencia de justicia encabezada por su amiga Kenya Cuevas, quien incluso llegó a manifestarse con el féretro de Paola sobre Avenida Insurgentes.
La búsqueda no terminó con aquella liberación, el 19 de octubre de 2016 se obtuvo una orden de aprehensión en contra del señalado y durante los años siguientes la Policía de Investigación realizó diligencias en la Ciudad de México y el Estado de México, además de solicitar apoyo a la Fiscalía de Baja California, mientras que en abril de 2023 se ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
El caso de Paola marcó un precedente en materia de derechos humanos, ya que en 2019 la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, la primera de ese organismo en reconocer un transfeminicidio, además documentó deficiencias en las primeras indagatorias, falta de perspectiva de género, desconocimiento de la identidad de Paola y victimización secundaria en contra de Kenya Cuevas.
La movilización encabezada por Kenya Cuevas y colectivos como Casa de las Muñecas Tiresias mantuvo el caso vigente durante años, mientras que en 2021 las autoridades ofrecieron una disculpa pública por las irregularidades cometidas, la exigencia también se convirtió en uno de los principales antecedentes de la llamada Ley Paola Buenrostro, aprobada por el Congreso capitalino en julio de 2024 y publicada posteriormente en agosto de ese mismo año.
La reforma incorporó el delito de transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México y establece penas de 35 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género se encuentre dentro del espectro femenino por razones relacionadas con su identidad o expresión de género.
Con la captura de Arturo “N” se abre una nueva etapa judicial en un expediente que permaneció sin resolverse durante casi diez años, ahora corresponderá a las autoridades presentar ante los tribunales los elementos reunidos en su contra y será un juez quien determine su situación jurídica, por lo que el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad
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