La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una advertencia sobre el crecimiento del crimen organizado a nivel mundial al señalar que estas redes ya no solo generan violencia, sino que también han logrado infiltrarse en instituciones públicas, economías y comunidades, al grado de ejercer funciones que normalmente corresponderían al Estado.

Sostienen que, en muchos territorios, los grupos criminales imponen reglas, controlan actividades económicas y deciden quién puede trabajar, comerciar o desplazarse, mientras su presencia permanece oculta detrás de estructuras aparentemente legales.

El informe, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que desde el año 2000 el crimen organizado ha estado vinculado con un promedio de 95 mil homicidios al año, una cifra prácticamente igual a las cerca de 92 mil muertes anuales provocadas por conflictos armados en el mismo periodo.

La ONU subraya que aproximadamente uno de cada cinco homicidios intencionales en el mundo está relacionado con organizaciones criminales, porcentaje que aumenta considerablemente en regiones del continente americano.

Advierten que el verdadero poder de estas organizaciones va mucho más allá de la violencia visible. Además del narcotráfico, sus operaciones incluyen extorsión, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, delitos ambientales como la tala y la minería ilegal, robo de combustibles, corrupción y el uso de empresas legales para ocultar recursos ilícitos.

Señala que estos grupos también aprovechan plataformas digitales, cadenas comerciales y servicios profesionales para ampliar sus operaciones y dificultar su detección, consolidando una especie de “gobernanza paralela” en diversas regiones del mundo.

Aunque el informe es de alcance global y no se enfoca exclusivamente en México, sus conclusiones encuentran eco en la realidad nacional, donde distintos análisis han documentado la influencia del crimen organizado sobre gobiernos locales, economías regionales y comunidades enteras.

Para la ONU, enfrentar este fenómeno requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, además de impedir que las organizaciones criminales sigan sustituyendo funciones del Estado en territorios donde la presencia gubernamental es débil o insuficiente.