Con la toma de los cuerpos de Seguridad Pública en Matamoros por parte […]
Con la toma de los cuerpos de Seguridad Pública en Matamoros por parte del gobierno del Estado, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, según decreto emitido el 22 de septiembre, la respuesta de la autoridad municipal fue tardía ante los ciudadanos, pero casi inmediata para defenderse ellos mismos y acudieron a los Tribunales Federales donde solicitaron Amparo para evitar que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, les haga efectiva una eventual orden de aprehensión.
Aunque en corrillos de los Juzgados Federales de Pedro Cárdenas y Longoria, es un secreto a voces que Héctor Rafael Reina Massú, oficial mayor del Ayuntamiento de Matamoros y Fabiola Selmaida García Garza, jefa de Recursos Humanos, están gozando ya de la protección de la ley de Amparo para no ser puestos tras las rejas, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la Fiscalía Estatal ya los investigan por irregularidades en los nombramientos de personal y el parque vehicular del área en controversia.
El 28 de septiembre de 2020, el juez en materia de Amparo, Francisco Javier Cavazos Argüelles, emitió el acuerdo de suspensión provisional en sendos expedientes; el de Reina Massú bajo el número 604/2020 y el de García Garza 605/2020, donde otorga protección provisional a los dos funcionarios del Ayuntamiento de Matamoros contra actos del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y “otras autoridades”.
Ambos documentos de protección provisional son contra una posible orden de aprehensión y están considerados por los jurisconsultos como amparos “buscadores” o “buscapiés” que tienen el objeto, “vacunar” al solicitante mientras se preparan las argucias legales para hacer frente a una posible orden de aprehensión.
En Presidencia Municipal de Matamoros existe nerviosismo dentro de los funcionarios de primer nivel que al igual que Reina Massú y García Garza están solicitando amparos pues hay contrapunteo con el gobernador Francisco Javier García Cabeza quien con tono amenazante ha dicho que no quiere que después anden diciendo que las acciones de justicia son por cuestiones políticas:
“Vamos a actuar en consecuencia, con la ley en la mano para aquellos que se estén prestando para ser parte de las organizaciones criminales, aquellos que pongan en riesgo la seguridad de las familias tamaulipecas”.
En este caso tanto Reina Massú como García Garza en su solicitud de Amparo se previenen contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y aunque de antemano saben que allí no han cometido ninguna falta -por ser un órgano burocrático, lejos del aparato del Estado de Tamaulipas, mientras el ente responde, ganan tiempo por si “otras autoridades” como la Fiscalía de Justicia del Estado ordenan su detención- ellos en la bolsa ya traen su suspensión provisional para no ser puestos tras las rejas.
Las solicitudes de amparo de funcionarios municipales se han venido dando precisamente a partir el lunes 28 de septiembre, día en que García Cabeza de Vaca, desde Reynosa, dejó bien claro, que, de Matamoros, no solamente quiere Policía y Transito, también pretende encarcelar funcionarios municipales.
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