El choque entre el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González Robledo y el exalcalde Adrián Oseguera Kernion, ambos morenistas, alcanzó su punto más explosivo luego de que el contralor municipal Ricardo Pérez Monsiváis lanzara severas acusaciones contra el ahora diputado federal, en una acción meramente mediática con el fin desviar los reflectores ante la eminente, operación del gobierno de Estados Unidos contra el alcalde de la urbe petrolera señalado con presunto líder del cartel del huachicol.

El funcionario del gobierno maderense aseguró que durante la administración de Oseguera se detectaron irregularidades por casi 200 millones de pesos únicamente en el ejercicio fiscal 2023, cifra que representa cerca del 30 por ciento del presupuesto anual del municipio.

La gravedad del señalamiento adquiere mayores dimensiones debido a que el presupuesto municipal ronda poco más de 600 millones de pesos al año donde, Pérez Monsiváis sostuvo que las observaciones derivan directamente de informes de la Auditoría Superior del Estado, por lo que aseguró que se trata de datos oficiales y no de ataques políticos fabricados desde el Ayuntamiento.

Con ello, quedó evidenciado el rompimiento total entre ambos grupos políticos surgidos de Morena y que durante años caminaron juntos en el poder municipal pero hoy la ofensiva contra Oseguera es interpretada como el cobro de facturas por parte de gobierno estatal, luego de que el exalcalde fuera señalado por sus adversarios internos de haber mantenido una relación cercana con el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y en ese momento le dio la espalda a la hora gobernador, Américo Villarreal Anaya.

Analistas locales consideran que aquella alianza política permitió durante años la permanencia de estructuras cabecistas en la zona sur de Tamaulipas, dificultando el avance pleno del movimiento obradorista en el estado de esta manera, acusaciones no se limitaron al manejo financiero del Ayuntamiento.

El contralor municipal involucró incluso al Sistema DIF de Ciudad Madero, un terreno que históricamente había permanecido fuera de los enfrentamientos políticos directos por respeto a la primera dama en turno sin embargo

Pérez Monsiváis, no se tentó el corazón y acusó a la administración encabezada por la esposa de Adrián Oseguera de haber ejercido alrededor de 30 millones de pesos anuales en el DIF bajo un manejo presuntamente irregular.

La inclusión del organismo asistencial en la confrontación política rompió uno de los tabúes más arraigados en la cultura política local, donde tradicionalmente las áreas sociales y familiares eran excluidas de los ataques públicos.

El escenario complica seriamente las aspiraciones futuras de Adrián Oseguera, quien era mencionado por sus allegados como posible aspirante nuevamente a la alcaldía de Ciudad Madero o incluso para repetir en una diputación federal e incluso hasta la gubernatura.

Sin embargo, el golpe político lanzado desde el Ayuntamiento, validado por Erasmo González Robledo amenaza con reducir su margen de maniobra dentro de Morena y desgastar su imagen pública.

Al mismo tiempo, sectores políticos observan que la ofensiva de Erasmo González también refleja un momento complicado para su propia administración, en medio de fuertes críticas ciudadanas por problemas de servicios públicos como agua potable, drenaje, pavimentación e iluminación.

En Ciudad Madero crece el malestar social por el deterioro urbano y las constantes fallas en infraestructura básica, situación que ha colocado a Gonzalez Robledo bajo presión lo que ha generado que empiece a tirar patadas de ahogado sin medir que su posible caída, pueda adelantarse por las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos en relación con la banda de huachicol que ha operado en el estado de Tamaulipas y en el país, donde a él públicamente lo han señalado ser parte de liderazgo de ese clan.

Mientras Erasmo González Robledo, ejerce venganza política sobre Adrian Oseguera, este último se ha quedado callado, algo inusual en él, cuando debería responder, porque las acusaciones que le están haciendo son de orden millonario, y eso podría, incluso, por la vía administrativa, inhabilitarlo para ejercer por los últimos 10 años, algún cargo público.