Con sirenas nuevas, unidades relucientes y un discurso que prometía limpiar de raíz los viejos vicios, el alcalde morenista de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados Fávila, inició su administración con la entrega de patrullas y equipamiento a Tránsito y Vialidad el 01 de octubre de 2024, un golpe mediático que buscó erradicar los “moches” y la extorsión que durante años han exprimido a la ciudadanía, una apuesta que pretendía marcar un antes y un después en la relación entre autoridad y población.

La narrativa oficial apostó por reconstruir la confianza, sin embargo en cuestión de meses comenzaron a circular denuncias respaldadas con videos en redes sociales que exhibieron a agentes incurriendo en prácticas indebidas, una evidencia que colocó en entredicho el discurso institucional y encendió la inconformidad social.

Bajo ese escenario, el entonces director de la corporación, José Luis García Castillo, ejecutó la baja de varios elementos señalados por corrupción, una acción que buscó contener el desgaste, aunque su salida del cargo alimentó versiones sobre evaluaciones internas que terminaron por fracturar aún más la credibilidad del proyecto gubernamental.

Desde el interior de la presidencia municipal, el secretario del ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez, confirmó el relevo del titular de Tránsito en febrero, argumentando un proceso de revisión en todas las áreas municipales, una medida que dejó la dependencia bajo control provisional del secretario de seguridad pública, Eduardo Jehu Silva Capistrán, en espera de una designación definitiva.

La presión social creció y el alcalde Beto Granados desesperado optó por intervenir de manera directa, durante la madrugada del 23 de marzo desplegó un operativo encubierto en el que puso a prueba a los agentes, el resultado exhibió a varios elementos incurriendo en actos de extorsión, derivando en la baja de siete oficiales, además de una sanción que los mantuvo fuera de funciones operativas por siete días, asignados a labores en cruceros bajo supervisión, sin facultad para infraccionar, aun así la falta de transparencia marcó el episodio, la contraloría omitió revelar identidades y ausencia de denuncias formales abrió paso a señalamientos ciudadanos que calificaron el operativo como un montaje.

Durante esos días de castigo, agentes consultados manifestaron posturas divididas, entre incomodidad y molestia expresaron respaldo a la decisión del alcalde, al ser cuestionados sobre presuntas cuotas por uso de patrullas, coincidieron en afirmar que jamás escucharon sobre ese esquema, una versión que contrasta con la percepción social que durante años ha señalado la existencia de cobros irregulares.

En medio de la tensión, el alcalde, Beto Granados, intenta relanzar su estrategia con el nombramiento de René Santiago Rodríguez al frente de Tránsito y Vialidad este lunes 5 de mayo, acompañado de propuestas como cámaras corporales y sistemas GPS en patrullas, herramientas que ya formaron parte del discurso institucional sin lograr erradicar las malas prácticas, un antecedente que mantiene abierta la interrogante sobre la eficacia real de esta nueva etapa.

Según declaraciones del propio René Santiago Rodríguez, su trayectoria incluye 13 años en la secretaría de seguridad de Tamaulipas como coordinador en distintos municipios, además de su cercanía con el alcalde al formar parte de su equipo de seguridad, como guarura, una relación que coloca bajo la lupa su nombramiento al tratarse de un perfil de confianza directa del edil, en un momento donde la ciudadanía exige resultados tangibles frente a una problemática que persiste y erosiona la credibilidad del gobierno.