La bancada de Morena en la Cámara de Diputados vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras la entrega de recursos económicos adicionales a sus legisladores, en la recta final del actual periodo ordinario, En esta ocasión, cada uno de los 253 diputados recibe un monedero electrónico con un saldo de 10 mil pesos, un apoyo que no forma parte de las prestaciones oficiales establecidas por el Congreso.

El reparto representa un gasto total cercano a los 2.5 millones de pesos y, según versiones internas, se trata de la segunda ocasión en que se otorga este tipo de beneficio durante la actual Legislatura. La primera entrega se realiza en diciembre pasado, lo que refuerza cuestionamientos sobre el uso discrecional de recursos dentro del grupo parlamentario.

A este apoyo se suma el adelanto de las prerrogativas correspondientes al mes de abril, mediante las cuales cada legislador obtiene ingresos que van de los 80 mil a los 120 mil pesos. Estos montos están destinados, en teoría, a cubrir actividades legislativas, atención ciudadana, transporte y hospedaje, aunque en la práctica su uso ha sido motivo de críticas constantes.

La dirigencia del grupo parlamentario justifica la entrega de los monederos al señalar que provienen de ahorros internos derivados de su política de austeridad. Asimismo, se establece que estos recursos no requieren comprobación, bajo el argumento de que serán utilizados en gastos de gestión, apoyos comunitarios o viáticos imprevistos en los distritos.

El reparto coincide con el proceso electoral en el estado de Coahuila, donde se renovará el Congreso local. De acuerdo con fuentes partidistas, decenas de legisladores federales se trasladarán a la entidad para realizar trabajo territorial, incluyendo recorridos casa por casa con fines de organización política rumbo a la jornada electoral.

Este caso se suma a otros beneficios recientes otorgados a los diputados de Morena, como la entrega de equipos de cómputo de alto valor a finales del año pasado, así como el aumento aprobado a sus percepciones para 2026. En conjunto, estos hechos han reavivado el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y el manejo real de los recursos públicos dentro del Poder Legislativo.