La ministra Lenia Batres Guadarrama fue designada para redactar el proyecto mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si debe continuar vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, el caso de alto impacto político y judicial, enfrenta al equipo jurídico del ex mandatario con la Fiscalía General de la República (FGR), que insiste en su culpabilidad.

El 8 de octubre de 2025, el Pleno de la Corte decidió atraer, con una votación cerrada de cinco votos contra cuatro, el proceso legal en revisión 54/2024 promovido por la FGR, aunque en ese momento no se había designado a un ministro ponente, finalmente el expediente fue turnado a Batres, quien será la encargada de presentar el documento que definirá el rumbo del proceso.

La Suprema Corte examinará el recurso interpuesto por la Fiscalía en contra del amparo que una jueza federal de Reynosa otorgó a García Cabeza de Vaca en noviembre de 2023, el cual anuló la orden de captura que pesaba sobre él. Mientras tanto, el máximo tribunal notificó que la defensa del exfuncionario  ya tiene acceso al expediente digital, lo que permitirá continuar con la revisión del caso conforme a los tiempos judiciales establecidos.

El conflicto legal se originó tras la orden de detención emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, a petición de la FGR, luego de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde según la acusación, el político panista habría favorecido a empresas vinculadas con él mediante contratos públicos por millones de pesos durante su gestión.

La parte defensora de, García Cabeza de Vaca, promovió múltiples apelaciones, una de ellas fue concedida el 30 de noviembre de 2023 por la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien ordenó que el mandato de captura del 2022 fuera anulado, en su dictamen, determinó que no existían elementos que probaran la comisión de delitos de crimen organizado, ni la participación del antiguo gobernante en tales hechos, por lo que instruyó emitir una nueva resolución judicial.