El histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, no solo enfrenta una cadena perpetua en Estados Unidos tras declararse culpable, sino también una orden judicial que lo obliga a entregar 15 mil millones de dólares al gobierno norteamericano. La cifra, equivalente a décadas de ganancias del narcotráfico, refleja la magnitud del imperio criminal que encabezó durante más de medio siglo.

Sin embargo, expertos en justicia estadounidense aseguran que esa cantidad es prácticamente incobrable. Al igual que ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán, los millones amasados durante años de tráfico de drogas, extorsiones y corrupción están ocultos, gastados o lavados en estructuras financieras difíciles de rastrear. En la práctica, solo una fracción de ese dinero podrá recuperarse.

La sanción económica, conocida como orden de decomiso, es más simbólica que real: busca dejar constancia del daño económico causado y habilita al gobierno de EE. UU. a confiscar cualquier propiedad, cuenta bancaria o ingreso relacionado con Zambada, ahora o en el futuro. Pero no significa que vaya a cubrir la suma en efectivo.

Lo cierto es que la condena de cadena perpetua no depende de que pague o no. Aunque el narcotraficante no entregue ni un solo dólar, seguirá recluido de por vida en una prisión estadounidense, sin opción de libertad condicional. El monto multimillonario no reduce, aumenta ni cambia su tiempo en prisión.

En este sentido, la sentencia de Zambada representa un golpe judicial doble: por un lado, lo aparta para siempre de la vida criminal; por el otro, deja abierta la puerta para que Estados Unidos persiga bienes ocultos del Cártel de Sinaloa, incluso décadas después.