A 141 años y tres meses de prisión, condenó el juez contra diez hombres detenidos por su participación en los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, a los que parcialmente proporcionaron sus nombres, solo faltó que ocultaran que, pertenecen al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue el ocho de julio cuando el personal del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande (Jalisco), que un día antes declaró culpables a los acusados de los delitos de desaparición y homicidio calificado contra de tres personas.

El veredicto se produjo tras una semana de juicio en la que se presentaron 20 testimonios y diversas pruebas materiales.

El Rancho Izaguirre, ubicado en la región agrícola de Teuchitlán, ocupó titulares de la prensa mundial en marzo, cuando la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, ingresó en su interior y aseguró haber encontrado restos humanos, así como cientos de prendas y calzado.

Con estos hallazgos, la agrupación aseguró que el recinto era un centro empleado por presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a sus comandos, sino también para victimar a aquellos que se interpusieran en su camino.

Esta hipótesis fue rechazada por el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, que lo considera solo un centro de reclutamiento.

Además de las penas impuestas, el juzgado ordenó a cada uno de los condenados, cuyas identidades solo fueron parcialmente reveladas por las autoridades, a pagar 1,3 millones de pesos (70 mil dólares) como reparación por el daño moral, porque la vida es irreparable.

Los ahora sentenciados fueron aprehendidos el 18 de septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Rancho Izaguirre.

Las autoridades acudieron luego de recibir denuncias, sobre disparos en la comunidad de La Estanzuela, cercana a la finca. Tras controlar la situación, ingresaron al predio, donde detuvieron a los diez sujetos y allí localizaron a una persona sin vida y rescataron a otras dos que estaban retenidas, informó en su momento la Fiscalía de Jalisco.

Durante la operación fueron encontradas grandes cantidades de ropa y objetos personales. Sin embargo, no fue sino hasta meses después que se comenzó a sospechar que la finca era un centro de entrenamiento y, posiblemente, exterminio del crimen organizado.

¿La razón? Los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco volvieron a entrar a la propiedad y hallaron varios hallazgos.

La difusión de imágenes de cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida de algunas de las personas que permanecieron en el sitio, que los activistas encontraron en la propiedad, conmocionó a parte de la sociedad mexicana.

Las afirmaciones de que el Rancho Izaguirre era un sitio de exterminio del crimen organizado, similar a los otros cinco que han sido encontrados en las últimas dos décadas en distintas partes del país, fueron rechazadas por las autoridades mexicanas.

“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, aseguró el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, el pasado 29 de abril.

En el lugar se han encontrado zanjas y algunos agujeros donde (los criminales) hacían fogatas”, agregó el funcionario.

Respecto a los restos óseos encontrados, el fiscal Gertz admitió que fueron hallados algunos, pero negó que los mismos puedan considerarse como una prueba de que el rancho era un centro de exterminio:

“Se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad muy importante”.

Gertz aseveró que todas las evidencias apuntan a que el recinto era una base de los narcotraficantes que operan en la zona:

“Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Eso está probado por confesiones, testimonios, documentos”.

La condena no supone el fin de la historia del Rancho Izaguirre, pues las autoridades judiciales mexicanas tienen abiertas otras averiguaciones, una de ellas afecta al que era alcalde de la localidad de Teuchitlán.

En mayo pasado, José Murguía Santiago, fue detenido y la Fiscalía lo señala de aliarse con el CJNG para facilitar sus operaciones en la zona, a cambio de dinero. Unas versiones que el exfuncionario ha negado.

A pesar de la sentencia, se desconoce todo, es decir mataron, pero se desconoce con qué a las víctimas, cuándo, cómo los detuvieron, en dónde, cómo fue el modus operandi de la aprehensión, en fin tantos datos, porque no es suficiente el de:

 “Los matamos y ya”.