A sus 72 años, el periodista Jorge Luis González Valdez fue silenciado por mandato judicial, tras una resolución que le prohíbe ejercer su oficio durante dos años por supuestos ataques contra la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, decisión que desató una tormenta entre defensores de la libertad de expresión.

La jueza Guadalupe Martínez Taboada determinó el viernes 13 de junio que Jorge Luis era responsable de calumnias y discurso de odio contra la mandataria, aunque él presentó documentos que prueban su retiro desde 2016 del periódico Tribuna, medio que dirigió por más de 30 años.

En una entrevista con la Revista Proceso, el periodista lamentó el acoso que sufre desde el inicio del sexenio estatal, y recordó que en abril fue arrestado con violencia por policías estatales, incidente que fue captado en video, “Si amanezco muerto mañana, no me maté”, advirtió, al considerar que su vida está en peligro.

De acuerdo con los reportes, tras dejar las redacciones, Jorge Luis se dedicó a la enseñanza y dirigía un programa titulado Expediente, donde abordaba temas políticos desde una óptica personal, espacio que fue cancelado por orden judicial.

La denuncia presentada por la propia gobernadora originó la carpeta CI-2-2025-24, lo que para el periodista representa un proceso viciado, ya que, según dijo, la fiscalía responde directamente a Sansores.

La persecución contra González Valdez no solo ha buscado su silencio, también amenaza su patrimonio, pues en 2022 fue demandado por el sobrino de Layda, Gerardo “Ceso Loco” Sánchez Sansores, y por el vocero del gobierno estatal, Walther David Patrón Bacab, quienes lograron que se le impusiera una multa de 2 millones de pesos, suma que podría costarle su casa.

El golpe también alcanzó a la editorial Tribuna Campeche, señalada en el mismo juicio y obligada a desaparecer su sitio web, lo que dejó sin trabajo a al menos 30 personas.

Con patrullas rondando su domicilio y vigilancia constante de parte de agentes estatales, Jorge teme por su seguridad y advirtió que otros reporteros en Campeche ya recibieron amenazas de procesos similares si se atreven a cuestionar al gobierno.