Por primera vez el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, presentó una acusación histórica contra María del Rosario Chayo Navarro Sánchez, de 39 años, mexicana con cargos federales por apoyar con material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Chayo, la acusada, enfrenta una serie de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso luego de ser detenida el 4 de mayo durante una operación conjunta con autoridades mexicanas en el Municipio de Magdalena, Jalisco, junto a otro hombre identificado como Moisés Navarro Orozco

La investigación judicial arrojó que Chayo proporcionó granadas de fragmentación al CJNG, además de participar en el contrabando de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas.

La acusación contra Chayo es histórica, porque es la primera mujer que será procesada en tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos al designar oficialmente al CJNG como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero, la cual dicta una medida que permite aplicar cargos penales más severos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Chayo actuaba como parte de una sofisticada red delictiva ligada al CJNG, participando en múltiples niveles de la operación criminal.

Entre las acusaciones se clasifican por:

Provisión y conspiración para proporcionar granadas al CJNG; conspiración para introducir y transportar personas indocumentadas dentro de Estados Unidos; compra simulada y tráfico de armas de fuego; contrabando de dinero en efectivo a gran escala.

También le fincaron a Chayo conspiración para distribuir sustancias controladas, incluidos narcóticos, así como a otros dos hombres, uno de ellos identificado como Luis Carlos Dávalos López de 27 años a ambos les fincaron el delito de contrabando de personas y tráfico de armas, en tanto a Gustavo Castro Medina, de 28 años, por tráfico y posesión de drogas, además de participación en la compra ilegal de armamento.

La declaración oficial del CJNG como grupo terrorista tiene prontas consecuencias legales. Ahora, proporcionar recursos, armas o cualquier tipo de apoyo al cártel, se considera un crimen federal de alta gravedad.

Según el fiscal interino del Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, la acusación manda un gran mensaje a las filas de los cárteles como el CJNG y a quienes los apoyan.

El CJNG, con presencia en todo México y docenas de países, incluido Estados Unidos, es responsable de múltiples delitos transfronterizos como el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, la extorsión de migrantes y el cobro a traficantes de personas.

Se les atribuyen actos de violencia indiscriminada que provocaron miles de muertes violentas, algunas publicadas en redes sociales en ambos lados de la frontera.

La investigación que condujo a la detención de Chayo, fue parte de la Operación “Take Back America”, una estrategia nacional que busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales mediante la coordinación interinstitucional.

La ofensiva también forma parte de la iniciativa Joint Task Force Alpha (JTFA) y del Strike Force (OCDETF) que integran agencias como la DEA, FBI, ATF, HSI, la Patrulla Fronteriza y fuerzas del orden locales e internacionales.

Bennie Mims, agente especial del ATF en Dalla, dijo:

“La aprehensión de Chayo, es una demostración del poder de la colaboración internacional contra el tráfico de armas y drogas. Es uno de los primeros casos de este tipo, pero no será el último”.

Por su parte, John Morales, agente especial del FBI en El Paso, explicó en torno a la acusación:

“Sienta un precedente” y compromete a la agencia a redoblar esfuerzos con autoridades mexicanas para atacar directamente a los líderes y redes de apoyo del cartel”.

Así, Omar Arellano, agente especial de la DEA en El Paso dijo:

“La DEA procesó a numerosos objetivos por narcoterrorismo, pero este caso, refleja como están ampliando sus facultades de investigación en materia de terrorismo. Cualquier recurso legal disponible será utilizado para derrotar al CJNG”.

La detención de Chayo, fue posible gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) de México y a los agregados legales del ATF en Ciudad de México. La investigación también recibió asistencia del Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Unidad contra el Tráfico de Personas del ICE en Washington.

Los cargos formulados contra Chayo y sus coacusados son, por el momento, alegaciones, todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. El proceso legal será llevado a cabo por el fiscal federal adjunto Kyle Myers, junto al director asociado de la JTFA Ian Hanna, y la abogada Marie Zisa, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia.