Personal de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros a cargo de Zoila Rodríguez Rangel, endilgó cargos de derechos vehiculares a cientos de pobladores robándoles sus identidades y aprovechándose de su posición de vulnerabilidad, esto ocurrió en vísperas de campañas políticas cuando activistas deshonestos de Morena recolectaban credenciales de elector a la gente pobre a cambio de despensas, pero ese documento lo usaron para nacionalizar vehículos en el Registro Público Vehicular (Repuve).

El coordinador de Repuve , Gonzalo Ruíz ya confirmó el robo de identidad, de cientos de personas, además de sumarse más denuncias por trámites manipulados en la Secretaría Municipal de Bienestar Social en tiempos del alcalde Mario Alberto López y en la Oficialía Primera del Registro Civil ubicada en la colonia Modelo.

Las denuncias llevan acrecentándose desde septiembre de 2023, sobre todo en colonias de asentamientos humanos irregulares donde viven familias con mucha necesidad a las que se les achacaron hasta diez automóviles, tal como ocurrió en la colonia Las Cumbres e Independencia.

Lo funcionarios hampones se presentaban como promotores del voto de Claudia Sheinbaum entonces precandidata a la Presidencia de la República y prometiéndoles una despensa, además de recibir ayuda federal, por lo que les solicitaron una copia al 200% a color que el propio interesado tenía que costear a cambio de 500 pesos; a muchos de ellos ni siquiera les llegaron las despensas.

En entrevista con el entonces encargado del Repuve, Raúl Quintanilla, argumentó ante las cámaras estar seguro de que el fraude fiscal provenía directamente de la Oficina Fiscal del Estado, además de señalar que dicho órgano estatal padecía su peor momento en la historia en manos de Zoila Rodríguez Rangel, funcionaria a la que acusó de tener un séquito de guaruras que impiden el paso a su oficina y hasta de ingresar con celular para evitar que graben lo que sea que pase ahí dentro:

“A la hora que quiera la señora Zoila, yo me siento con ella por un lado; yo le muestro mi trabajo y que ella me muestre el de ella, a ver en qué consiste para que no andemos conque a chuchita le dan calambres”, retó sin temer Raúl Quintanilla a la jefa de la Oficina Fiscal del Estado aquel 10 de abril del 2024.

Una vez más envuelta en casos de corrupción, Zoila Rodríguez Rangel, queda en evidencia como una funcionaria pública que carece de oficio político, protegida de la amistad que tiene con Adriana Lozano Rodríguez, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado que omisiona ante su problemático actuar tanto con el contribuyente, como con sus propios empleados, motivo por el que muchos de ellos le temen.

Así fue el caso de Lidia González Treviño, quien se atrevió a denunciar públicamente en septiembre de 2023 que, tras su despido de esa unidad recaudatoria, requirió tratamiento psiquiátrico para tratar su depresión a raíz del maltrato ejercido por Zoila Rodríguez Rangel:

—¿En la Oficina Fiscal hay recaudación ilegal? —preguntó en aquel entonces el director general de la Revista Vertical a la afectada—.

—Sí.

—¿Por qué podrían cobrar?

—Por las citas. Si no traes cita pagas; solo así te pasan en la puerta.

Otra paramunicipal que se vio implicada en la repartición de despensas fue la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, quien trabajaba activamente presentándose en las colonias para promediarlas era Emérico Anaya Limas que se desempeñaba como gerente comercial hasta su despido vergonzoso por presuntamente trabajar con deshonestidad.

La decisión para desmembrar esa banda de delincuentes está en manos el gobernador Américo Villarreal Anaya porque Adriana Lozano, la tesorera general del Estado se niega a poner orden solamente por proteger a sus amigos aunque se haya comprobado que son corruptos.

De todos estos hechos, los afectados todos gente humilde y de escasos recursos pusieron las respectivas denuncias en la Fiscalía General de Tamaulipas, pero no hay avances al respecto.