En una fiesta con drogas y alcohol varios presos por delincuencia organizada pagaron en dólares a los jefes de seguridad por la venta de cuatro celadoras como si fueran sus esclavas sexuales a las que sodomizaron bajo los influjeos de los estupefacientes en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Una vez que abusaron sexualmente de las custodias, fueron amenazadas con que si denunciaban serán asesinadas, aunque se cambien de nombre y entren al programa de testigos protegidos, porque la Fiscalía, por una lana les dice dónde viven y su nuevo nombre.

El 10 de febrero, abusaron sexualmente de las cuatro custodias del Centro de Reinserción Social (CERESO) del complejo penitenciario de Puente Grande, por internos a quienes se les permitió el ingreso a su área de trabajo y en su horario laboral, denunció Juan Manuel Mercado Gómez, líder de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México:

“En el lugar en donde las custodias están, en las torres de seguridad, para un detenido era imposible llegar a esa área tienen que pasar muchos filtros de seguridad y solamente el supervisor de servicio o el jefe de vigilancia tiene llaves para entrar y los jefes de vigilancia les abrieron a los detenidos por eso entraron y las ultrajaron.

Mientras organizaba una protesta en las avenidas el centro penitenciario, Juan Manuel explicó escandalizado:

“La información que tenemos es que hubo una fiesta con drogas y alcohol y los jefes de seguridad, vendieron a las compañeras con los tipos que están de la delincuencia organizada allí, como si fuera trata de personas con los internos de grupos del crimen organizado y ahora las amenazaron de muerte junto a sus familiares si les ponen el dedo”.

El 16 de febrero, en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Puente Grande protestaron para denunciar públicamente los hechos y pedir que intervengan instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), porque familiares de otras custodias de los reclusorios de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.

Lo que pone en situación vulnerable a custodias y custodios de los penales de Guadalajara, Jalisco, porque los jefes de la Secretaría de Seguridad de Guadalajara, ni el Fiscal de Justicia, se niegan a intervenir, bajo el argumento de: “no hay denuncia”.