La denuncia ante la Organización Marítima Internacional expone que la incautación del buque cargado de crudo venezolano afecta el comercio marítimo y vulnera la libertad de navegación protegida por convenios internacionales. La vicepresidencia sostiene que la operación estadounidense constituye una violación directa de normas internacionales.
El Gobierno venezolano argumenta que la acción realizada por Estados Unidos constituye un acto ilícito que compromete la legalidad internacional. Desde Caracas se recalca que la defensa de los recursos naturales y del tránsito marítimo forma parte de las obligaciones del Estado.
Mientras tanto, el Ejecutivo nacional calificó la actuación estadounidense como una forma de piratería. Según el mandatario, el buque transportaba cerca de dos millones de barriles de petróleo destinados a mercados internacionales y navegaba lejos de las costas venezolanas.
En respuesta, el país anunció acciones legales y diplomáticas para garantizar la seguridad de sus embarcaciones y la continuidad del comercio petrolero. La administración asegura que la incautación revela un interés por apropiarse del crudo venezolano, motivo por el cual se reforzarán medidas para resguardar la soberanía sobre los recursos.