Matamoros, Tamaulipas.- Comerciantes del Tianguis de la Juárez Oriente denunciaron públicamente presuntas amenazas, hostigamiento y cobros irregulares por parte de lideresas identificadas como Rosario Ramos y Martha Santoyo, conflicto que, aseguran, comenzó cuando varios vendedores decidieron pagar sus cuotas directamente al municipio para obtener recibos oficiales y reducir costos.

Durante un testimonio difundido en video, una de las afectadas afirmó que lleva más de 15 años trabajando en el lugar y ahora buscan retirarla del espacio donde instala su puesto.

“Nos quieren sacar porque vinimos a pagar a Presidencia, por eso se enoja doña Marta, por eso dicen que somos revoltosas, pero nosotros nada más exigimos nuestros derechos”, expresó.

Los comerciantes señalaron que anteriormente entregaban cuotas de entre 200 y 300 pesos a representantes ligadas al sindicato, mientras que el pago municipal asciende a 110 pesos y además incluye comprobantes legales requeridos para diversos trámites laborales y migratorios.

“Nos pasamos a pagar acá porque necesitábamos recibos, viajamos y ocupamos comprobantes de trabajo, resulta que aquí el pago es más barato y por eso se enojan”, relató la denunciante.

La mujer acusó directamente a Rosario Ramos de manipular a otros comerciantes para confrontarlos en reuniones y generar un ambiente de presión dentro del tianguis.

“Ella misma les calienta la cabeza y nos echan a toda la gente encima”, sostuvo.

La afectada también aseguró que las amenazas ya escalaron fuera del área comercial, señalando que incluso teme por la seguridad de su familia.

“Temo por mi vida y por la vida de mis hijos”, declaró frente a cámaras.

Según el testimonio, ya acudieron ante la Procuraduría para denunciar los hechos, aunque afirman que el hostigamiento continúa y que las líderes mantienen control sobre los espacios del tianguis mediante presiones hacia los vendedores.

Los comerciantes pidieron la intervención urgente del alcalde Beto Granados y del secretario del Ayuntamiento para frenar las amenazas y garantizar que puedan trabajar sin intimidaciones.

“Queremos trabajar libres, que no nos molesten, que no nos amenacen y que no nos avienten a la gente encima”, reclamó la denunciante.

El conflicto exhibe una disputa interna entre el control informal de espacios comerciales y el intento de regularización administrativa impulsado por vendedores que buscan operar directamente con el municipio.