El municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, enfrenta una fuerte crisis política y de seguridad luego de que el Cabildo solicitó al Congreso del Estado la revocación de mandato de la alcaldesa morenista Guadalupe Lucero Bárcenas y, posteriormente, destituyó al secretario de Seguridad Municipal, Juan Alberto Domínguez López, así como al secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez.

La confrontación escaló durante una sesión de Cabildo efectuada sin la presencia de la presidenta municipal, mientras pobladores y presidentes auxiliares se manifestaban frente al Palacio Municipal e intentaban ingresar al recinto, siendo contenidos por elementos de la Marina y de la Policía Municipal. Los regidores consideraron la presencia de las fuerzas de seguridad como una medida de presión ante las críticas dirigidas a la administración local.

La petición de revocación de mandato fue aprobada el pasado 8 de junio por integrantes del Cabildo, quienes señalaron presuntas irregularidades financieras, falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, ausencia de obras y un deterioro en las condiciones de seguridad del municipio. Entre los cuestionamientos también destaca la diferencia entre el salario de la alcaldesa, superior a los 77 mil pesos mensuales, y las percepciones de los regidores, cercanas a los 15 mil pesos.

La alcaldesa también ha sido objeto de polémica por las imágenes difundidas en redes sociales donde aparece portando artículos de lujo y durante viajes al extranjero. Entre los accesorios señalados se encuentra un vestido de la firma Alexander McQueen con un valor aproximado de 50 mil pesos y un bolso Louis Vuitton valuado en alrededor de 67 mil pesos, además de fotografías de vacaciones en París, Francia. A ello se suman los señalamientos sobre una presunta relación sentimental con el entonces secretario de Seguridad Municipal, Juan Alberto Domínguez López.

En un mensaje difundido en redes sociales, Bárcenas rechazó las acusaciones y aseguró que la destitución de funcionarios municipales carece de sustento legal. Además, responsabilizó directamente al grupo criminal “Los Rojos” de impulsar las acciones para removerla del cargo y señaló a Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, identificado como presunto líder de esa organización, por amenazas recibidas en su contra y por cualquier afectación que pudiera sufrir la estabilidad del municipio.