A una semana de haber iniciado su gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya, denunció que se detectaron graves irregularidades de la administración anterior: destacó un déficit de 2 mil millones de pesos, se cuentan con 7 millones para el ejercicio del último trimestre; desorden administrativo; obras sobrevaloradas y moches por 4,800 millones de pesos.
A una semana de haber iniciado su gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya, denunció que se detectaron graves irregularidades de la administración anterior: destacó un déficit de 2 mil millones de pesos, se cuentan con 7 millones para el ejercicio del último trimestre; desorden administrativo; obras sobrevaloradas y moches por 4,800 millones de pesos.
“Recibimos un estado arruinado y peor aun maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía”, advirtió el gobernador.
Al hacer una radiografía de la situación del estado que guarda la administración estatal y acompañado por 11 secretarios de su gabinete, el gobernador Américo Villarreal aseguró que su gobierno se reúsa a ser omiso a todo lo ocurrido en el pasado y reiteró que no habrá impunidad, “porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Tras exponer solamente algunas de las irregularidades detectadas, esta mañana en conferencia de prensa, celebrada en Altamira, el jefe del ejecutivo reveló que el primero de octubre de este año el gobierno saliente solo dejó 7 millones de pesos para el ejercicio de los meses de octubre a diciembre, lo que representa un déficit de 2 mil millones para el último trimestre del año.
En las instalaciones de la Secretaría de Salud, mencionó que la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. recibió un contrato multianual por 1,150 millones de pesos, pero sólo ha suministrado el primer bimestre y parcialmente el segundo bimestre, lo que repercute de manera directa en el desabasto y en la calidad de los servicios de salud.
Asimismo, se refirió a la situación en la Secretaría de Educación, donde hay desviaciones por 2 mil 096 millones de pesos, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
Al referirse a la Secretaría de Obras Públicas, reveló que se detectó la acumulación de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos contratados inicialmente, diferencias inexplicables y sobrevaloración de las obras que oscilan entre un 22% y un 25%.
“Este porcentaje corresponde a los moches que exigían. Nada más y nada menos que 4 mil 868 millones de moches que se pagaron durante el período anterior”, indicó.
A su vez, el gobernador Américo Villarreal apuntó que, en Seguridad Pública, del total de la flota de 785 unidades, solo se encuentran activas 343, lo que representa un 43.6% en operatividad. Solo 4 vehículos de cada 10 están en buen funcionamiento.
“Existen bastantes irregularidades y carencias en todas las secretarías que atenderemos a la brevedad, con el único objetivo de dar respuesta a los problemas de la gente, como es nuestro compromiso y obligación”, señaló.
“El hecho de que nosotros si vayamos a trabajar por el bien de las y los tamaulipecos para resolver el desastre heredado, no exime a aquellos que no cumplieron cabalmente con su responsabilidad y encargo, de responder legalmente por sus acciones y omisiones”, advirtió Américo Villarreal.
En la conferencia de prensa, los titulares de las diferentes Secretarías también expusieron algunas de las situaciones que han detectado en la primera semana de su gestión.
La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, dijo que el estado está golpeado y muy herido, pues solo dejaron 7 millones de pesos; 4 millones de ingresos propios y 3 millones del Ramo 28; explicó, pero aseguró que los trabajadores del estado pueden tener la seguridad de que recibirán el pago de su quincena.
Por su parte, el secretario de Administración, Jesús Lavín, denunció que se han detectado aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y hasta extorsiones para que los trabajadores firmen por cantidades menores a la que les pagan.
Alertó también sobre la basificación de personal de puestos directivos y de personal que tenía menos de 6 años de laborar en Gobierno.
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