Un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y recomendó su liberación inmediata, además de plantear que el Estado peruano le otorgue una indemnización y realice una investigación sobre las circunstancias de su privación de la libertad, al considerar que se vulneraron garantías previstas en instrumentos internacionales de derechos humanos.
En un dictamen fechado el 4 de junio y difundido públicamente el 10 de julio, los expertos señalaron que la captura de Castillo, ocurrida tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, careció de base legal suficiente y cuestionaron el procedimiento seguido durante su detención y prisión preventiva, aunque el pronunciamiento del Grupo de Trabajo tiene carácter de recomendación y no es jurídicamente vinculante para el Estado peruano.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones en Perú debido a que el expresidente cumple una condena de 11 años y cuatro meses de prisión por conspiración para la rebelión, al tiempo que las autoridades peruanas mantienen vigente el proceso judicial, en un contexto de debate sobre el alcance del dictamen emitido por el organismo de la ONU y sus posibles efectos.