El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, irrumpió el Poder Judicial de la Federación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley de Ciberasedio, también conocida como Ley Censura, reforma aprobada en el Congreso de Puebla que sanciona hasta con tres años de cárcel a quienes emitan agravios reiterados en medios digitales, su acto fue respaldado por más de 8 mil 500 firmas ciudadanas, con lo que sentenció que esta será la primera gran prueba para el nuevo Poder Judicial.

Acompañado del líder panista en Puebla, Mario Riestra Piña, de diputados federales y locales, así como del especialista Jesús Alfredo Páez San Martín y del académico Luis Enrique Sánchez, el dirigente blanquiazul advirtió el martes 8 de julio, que esta ofensiva jurídica busca frenar una ley que considera regresiva, represiva y peligrosa para los derechos humanos, especialmente para la libertad de expresión en entornos digitales.

Mario Riestra aseguró que la reforma aprobada al Código Penal de Puebla, en especial el artículo 480, vulnera la Constitución al castigar de forma ambigua y subjetiva comentarios emitidos en plataformas digitales, mientras que Luis Enrique Sánchez, académico de la BUAP, denunció que el nuevo artículo violenta el artículo 6º constitucional y contradice tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

Por su parte, Páez San Martín, exintegrante de la policía cibernética de Puebla, advirtió que la Ley de Ciberasedio carece de rigor técnico y representa una simulación que no garantiza protección real a las víctimas de delitos digitales, sino que abre la puerta a la persecución política y a la censura disfrazada de justicia.

Mientras tanto, en el Congreso poblano, la diputada Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, promueve una nueva redacción del artículo 480, sin embargo, expertos en ciberseguridad y libertad de expresión insisten en la necesidad de derogar no solo ese fragmento, sino también otras disposiciones que criminalizan el espionaje digital y la usurpación de identidad bajo criterios alarmantemente amplios.

Jorge Romero anunció que el PAN pondrá a disposición de los ciudadanos un amparo universal para sumar voluntades en contra de estas reformas, las cuales tachó de ser herramientas de “espionaje patrimonial”, en un intento por blindar al poder y castigar a quienes incomodan desde el internet, advirtió que esta batalla marcará un antes y un después en la defensa de las libertades en México.