La protesta feminista del 8 de marzo en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en Tijuana, dejó expedientes esparcidos en la vía pública y equipo extraído del inmueble, escena que encendió la alarma entre abogados y colectivos de búsqueda ante el temor por la posible pérdida de información clave en investigaciones.
Desde San Quintín, durante su conferencia matinal de este martes 10 de marzo, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que los documentos dañados corresponden a copias, versión obtenida tras una consulta directa con la Fiscalía estatal sobre el estado de las carpetas de investigación.
“Según lo que me informan es que son copias, que no va a afectar a ninguna carpeta de investigación, que se cuenta con la información”, expresó la mandataria, quien también subrayó que las movilizaciones concluyeron sin personas lesionadas y reiteró respeto hacia los colectivos feministas.
El hecho detonó reclamos de organizaciones jurídicas, la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California exigió investigación y sanciones al advertir afectaciones en expedientes ligados a órdenes de restricción, pensiones alimenticias y adopciones, mientras el Colegio de Abogados “Emilio Rabas” criticó a la Fiscalía por el manejo de los documentos.