Desde la prisión, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna emprendió una estrategia poco común: escribir de manera reiterada a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar lo que considera una fabricación de delitos y pedir la intervención del Ejecutivo federal en uno de los casos de presunto huachicol fiscal más relevantes de los últimos años.

Hasta ahora se han hecho públicas al menos seis cartas dirigidas a la mandataria, en las que el exmando naval insiste en que es inocente, denuncia presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y sostiene que se le ha impedido acceder a documentos que, asegura, demostrarían que nunca participó en una red dedicada al contrabando de combustibles.

“Se me inculpó con un video anónimo de YouTube”, afirma en una de las cartas, al cuestionar el origen de las investigaciones que derivaron en su detención.

En otro de los escritos sostiene que se le ha negado información bajo resguardo de la Secretaría de Marina y asegura que ello vulnera su derecho a una defensa adecuada.

El vicealmirante también expresa sentirse abandonado por la institución a la que dedicó gran parte de su vida profesional y describe las consecuencias personales que, afirma, ha enfrentado desde su detención.

“Mi familia quedó sin ingresos y sin servicios médicos”, expone en una de las misivas, donde además solicita que el Gobierno de México revise su caso.

Uno de los pasajes más delicados de sus cartas es aquel en el que sostiene que “se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, una afirmación que forma parte de su defensa y que hasta el momento no ha sido respaldada públicamente con pruebas.

Farías Laguna fue detenido como parte de la investigación federal relacionada con el aseguramiento, en marzo de 2025, de aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente introducidos de manera ilegal al país por el puerto de Tampico, considerado por las autoridades como uno de los mayores decomisos vinculados con el llamado huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República sostiene que el exmando naval y otras personas formaban parte de una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante operaciones de importación simuladas para evadir impuestos y controles aduaneros.

El caso también alcanzó a su hermano, Fernando Farías Laguna, quien fue señalado por la Fiscalía como integrante de la misma investigación. Tras permanecer prófugo, fue localizado y detenido en Argentina, donde actualmente enfrenta un procedimiento relacionado con su entrega a las autoridades mexicanas.

Mientras el vicealmirante insiste en su inocencia desde prisión, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que no ha leído todas las cartas que le han sido enviadas.

“Recibí la primera. La segunda la envió directamente a la Fiscalía. No la he visto”, respondió durante una conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre las denuncias formuladas por el exmando naval.

La mandataria evitó emitir una opinión sobre el fondo del asunto y reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República conducir las investigaciones y determinar, con base en las pruebas, la responsabilidad de los imputados.

Las cartas de Farías Laguna reflejan el sentimiento de quien asegura haber sido abandonado por la institución a la que sirvió durante décadas y convertido, según sus palabras, en un “chivo expiatorio” de una investigación de gran impacto nacional.

Del otro lado, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales y mantiene las acusaciones contra el vicealmirante y los demás implicados.

El expediente se ha convertido en uno de los procesos penales de mayor relevancia del actual sexenio, no sólo por el volumen del combustible presuntamente introducido de manera ilegal al país, sino porque involucra a un exalto mando de la Secretaría de Marina y ha abierto un debate sobre los alcances del debido proceso, la transparencia de las investigaciones y el combate a las redes de corrupción vinculadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Mientras la defensa insiste en que el proceso está construido sobre irregularidades y exige una revisión independiente, las autoridades federales sostienen que será el Poder Judicial el que determine si las acusaciones se sostienen o no con las pruebas presentadas durante el juicio.