Mientras en un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) había calificado como un “acto terrorista” al coche-bomba que explotó en la guardia comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo descartó de esa manera por carecer de “objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”, y argumentó que simplemente se trató de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos.
Contrario a la primera versión, Omar García Harfuch aclaró que no fue un ataque directo a la guardia comunitaria donde resultaron heridas 12 personas y murieron seis: cuatro policías comunitarios, el conductor y su acompañante, además de provocar daños en el servicio eléctrico, vehículos estacionados, destrucción de una farmacia, carnicería, heladería, panadería y más afectaciones a 300 metros a la redonda y hasta 30 metros de alto.
La camioneta que trasportaba los explosivos ocultos entre cargas de plátano era una Dodge Ram negra de doble cabina y de acuerdo con las diligencias de las autoridades, fue una casualidad que explotara frente a la policía comunitaria, pues llevaba dos a bordo, por lo que aún se desconoce si ambos estaban enterados de los detonantes.
Estos ataques ponen en duda la efectividad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementada tras el mediático asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, que en múltiples ocasiones señaló al gobierno federal de incurrir en omisiones ante la delincuencia organizada que opera en la región, motivo por el que era común verlo interactuar con grupos de autodefensa.