Cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó sobre la fuga del policía, acusado de disparar contra Yanqui Kothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, el gobierno morenista de Guerrero rompió con la Fiscalía General del Estado.

El 12 de marzo, al enterarse de la fuga, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa rompieron el diálogo que mantenían con el gobierno y atacaron la sede de la FGE.

Allí, los normalistas lanzaron explosivos y quemaron al menos 11 vehículos oficiales, de trabajadores y vandalizaron otros cuatro. En la protesta resultaron heridos 15 policías antimotines. En ambas corporaciones la jefa es Evelyn Salgado, como gobernadora de Morena.

El gobierno de Guerrero respondió, que fue la Fiscalía la que se negó a detener a los tres policías estatales, involucrados en el crimen del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Más tarde, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez insistió en que la administración estatal, presentó todos los elementos de prueba a las autoridades ministeriales, en referencia a la FGE.

Así, el caso provocó una ruptura entre el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la Fiscalía del Estado, dos instituciones obligadas a trabajar en coordinación institucional, que de acuerdo con fuentes consultadas nunca la han tenido, desde la llegada de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón como fiscal.

La escalada de violencia y extorsiones registradas en Guerrero impactó hasta a Nestora Salgado, senadora morenista y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

Lamentó que la situación haya empeorado a pesar de que gobierna una persona de su mismo partido, Evelyn Salgado de Morena, quien dijo, ni siquiera le contesta al teléfono:

“Lo estamos viendo que ha empeorado la violencia, es grave, está fuerte. A mí, que soy senadora, no me da una cita, ¿y qué hacemos? ¿Cómo resolvemos?”, cuestionó.