Sin vergüenza para los de Tamaulipas, un juez de control de los nuevos, de la primera región judicial del Estado vinculó a proceso a varios exfuncionarios del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que gozan de libertad absoluta, acusados de delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el desempeño indebido de funciones públicas.

Aunque los de Morena y los del PAN son enemigos de ideología, en este caso son paleros, los acusados judificalmente, viven sus cadas, considerados como ladrones de cuello blanco, van al cine, disfrutaron del Festival de la Costa del Seno Mexicano, se rodearon de lejecitos de los tamaulipecos, viven en sus residencias con aire acondiciones, condoncellas y servidumbre.

Entre los exservidores públicos de uña larga, se encuentra su sobrino Carlos Alberto Chito García González, exdiputado federal y candidato perdedor por el PAN para presidente municipal por Matamoros y de pilón su esposa Ivette Bermea Vázquez, también perdedora como alcaldesa.

Justamente Carlos Alberto Chito García González, que se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico, está acusado en dos carpetas distintas por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño indebido de funciones administrativas.

En ambos casos, el juez fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, que concluirá el 20 de enero de 2026, pero vive fuera de prisión, disfrutó del pasado Festival Internacional de Otoño, entregó al juez su pasaporte porque tiene prohibido salir del país.

En esa misma fecha, fue vinculado a proceso Rómulo Garza Martínez, que cuando fue secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, se leacusó por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo las mismas condiciones procesales, único que se encuentra en el Centro de Ejecución de Sanciones, porque su jefe Cabeza de vaca, ya no pidió el favor.

A Rómulo se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, así como desempeño ilícito de funciones administrativas, por haber autorizado adjudicaciones directas sin licitación para la adquisición de 2.6 millones de despensas (valor total de contrato señalado: 650 millones de pesos) para el programa Bienestar Alimenticio.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), confirmó nuevas vinculaciones a proceso contra exservidores públicos de la administración de Cabeza de Vaca.

En una comunicación del 21 de octubre, personal de FECC, informó que el 20 de octubre de 2025 se hicieron las respectivas sesiones de continuación de audiencia inicial

De igual forma, Enrique Jorge Nader Nemer, que laboraba como subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas con Cabeza de Vaca, enfrentará el mismo cargo, con un periodo de investigación que también vencerá el 20 de enero de 2026.

De acuerdo con la carpeta de investigación 503/2024, Enrique Nader, habría instruido al entonces secretario denAdministración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, para hacer un contrato sin licitación pública con la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, para la adquisición de seguros de vida del personal de Salud, por un monto de 5 millones 867 mil, 184 pesos.

Según las investigaciones, el procedimiento contravino la Ley de Adquisiciones del Estado, ya que el monto debió ser sometido a licitación pública y no a una contratación directa como se hizo y de pilón cobró el diezmo.

La resolución, según el parte oficial, estableció plazos de investigación complementaria de tres meses, con vencimiento el 20 de enero de 2026, para los tres funcionarios de primer nivel con Cabeza de Vaca.

Pero sucede una rara situación, si bien está prohibudo jurídicamente las identidades de otros acusados, es por eso que solo anotan su primer nombre en las diligencias, la gente dice que porque son ladrones de cuello blanco.

Así, el 15 de octubre se celebró la audiencia correspondiente a la carpeta 00311/2025, en la que fueron vinculados Reynaldo, exsubsecretario de Proyectos y Licitaciones; Armando, exdirector Jurídico y de Transparencia; Isaías, exsupervisor de la Región Norte, y Eduardo, exjefe del Departamento de Supervisión Regional Norte, todos ellos de la Secretaría de Obras Públicas.

Así se entiende, que todo la dirección con funcionarios importantes, atentó contra Tamaulipas y se apoderó de su dinero de las constructoras, apoyandos siempre por Cabeza de Vaca.

De acuerdo con la resolución judicial, Reynaldo y Armando, enfrentan acusaciones por abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que Isaías y Eduardo fueron vinculados por ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

En este caso, el plazo de investigación complementaria fue fijado hasta el 15 de enero de 2026. Con estas determinaciones, suman ya diversos exfuncionarios de alto y mediano nivel de la administración anterior los que han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia tamaulipeca, en un proceso que busca recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.