El proceso electoral del 2021 en Tamaulipas, donde se juegan 43 alcaldías, 8 diputaciones federales y la renovación del Congreso Local, comenzó con represión de parte del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que está haciendo todo lo posible por evitar que sus contrincantes se reagrupen y participen en la operación estructural o como candidatos, por lo que ha dado inicio la persecución política, que con sustento o no, está en marcha, al fin y al cabo el jefe del ejecutivo tiene a la Fiscalía Estatal de su lado, al igual que al Poder Judicial de la Entidad.

La estrategia es en general y va desde dejar fuera de la contienda a los aspirantes mas escuálidos hasta los mas robustos y así evitar que se integren las planillas de los demás partidos con cuadros bien nutridos que pongan en riesgo a sus candidatos del Partido Acción Nacional, de esta manera el proceso electoral en Tamaulipas se ha judicializado en forma amenazante para los opositores al PAN-Gobierno.

A solicitud de la Fiscalía General de Tamaulipas y bajo este contexto de judicialización del proceso electoral se encuentra Carlos Canturrosas Villarreal, exalcade de Nuevo, Laredo (2013-2016), quien le jugó las contras a García Cabeza de Vaca al brincar las trancas para candidatearse por morena, muy a pesar de que ya le habían advertido que si no seguía las indicaciones del gobernador, que se atuviera a las consecuencias y al no hacer caso, salió huyendo de Nuevo Laredo, y desde el mes de julio de este año la Fiscalía de Tamaulipas obsequió ficha roja para capturarlo, al acusarlo de hacer operaciones en su ejercicio de gobierno con 48 empresas factureras por un monto de 47 millones de pesos.

En una situación similar se encuentra la panista Norma Leticia Salazar Vázquez, que en el mismo periodo de Canturrosas fue alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas y aunque aun no se sabe si tiene orden de aprehensión la acusaron de ejercer 1 mil 300 millones de pesos, gasto que hasta la fecha no ha podido comprobar, tornándose mas evidente la pugna cuando el 22 de diciembre de 2017 por la noche, hicieron llamadas anónimas a reporteros para que acudieran al centro de la ciudad donde habían dejado un remolque con documentación oficial de la administración que ella encabezó y que enseguida fue turnada como prueba en su contra por la Fiscalía General de Tamaulipas.

El impacto mediático fue de tal magnitud que Salazar Vázquez, pidió ayuda a sus aliados panistas en la ciudad de México quienes le recomendaron que no se metiera en el proceso electoral porque le iban a liberar una orden de aprehensión. Al igual que Canturrosas a Salazar Vázquez se le menciona como una fuerte aspirante a un cargo de elección popular por Morena, iniciativa que tiene muy inquieto al gobernador García Cabeza de Vaca pues la considera un imán electoral, siendo su acérrima enemiga.

En el sur del Estado de Tamaulipas, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también afina puntería contra sus enemigos políticos y la lista la encabeza Magdalena Peraza Guerra, exalcaldesa en dos ocasiones del puerto de Tampico -una vez por el PAN y la última por el PRI-, la “investigación” data de su segundo ejercicio que finalizó en 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas la acusa de un desvío de 80 millones de pesos. Para este fin llamaron a cuadro a América Sandoval -exregidora de esa administración, adversaria de la Peraza-, que apenas hace unos días después de muchos meses ratificó la demanda, todo ocurrió al enterarse el gobernador de que Magdalena se estaba reuniendo con sus enemigos políticos encabezados por el senador morenista Américo Villarreal Anaya y que pretendía ser de nuevo candidata a un cargo público.

Entre los concurrentes a las reuniones con la Peraza estaba Germán Pacheco, exdiputado federal panista que pretendía la candidatura de morena para la alcaldía del puerto jaibo, pero su mismo amigo, César Verástegui, El Truco, secretario general de Gobierno,  le dijo que si no desistía en sus pretensiones de jugarle la contra al gobernador le iban a hacer efectiva una demanda por el fraude millonario que dejó en el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa (Itife), donde fue director.

Las redes judiciales de García Cabeza de Vaca, alcanzaron también a Adrián Oseguera Kernion, un aprendiz de político que ya investido como alcalde morenista de ciudad Madero le dio por mandar golpear a sus adversarios, que le exigían cumpliera sus promesas de campaña, dándoles nombramientos en cargos públicos, pero él, bajo el lema: “no va a ver maíz para ti”, los mandó golpear, así lo hizo con el militante de morena Carlos Enrique Turrubiates Carreto, querella con la que el gobernador panista García Cabeza de Vaca, lo tiene sometido a fin de que desista de la reelección.

En Matamoros donde no ha podido penetrar como él quiere, el gobernador panista, aun trae el sabor amargo de la derrota de 2018, en la disputa por la alcaldía, aun sigue rumiando, y la mira la tiene bien puesta en Mario Alberto López Hernández, La Borrega, alcalde morenista, al que hasta su oficina el gobernador Cabeza de Vaca mandó a dos de sus subordinados para indicarle: “Dice el gobernador que a ver como le haces pero que en esta elección del 2021 no quiere que aparezca tu nombre en la boleta electoral”. El cumplido se lo hizo llegar Mario Tomás Reyes Silva, jefe de la oficina fiscal panista del Gobierno de Tamaulipas en Matamoros.

Ante la advertencia el jefe de la comuna matamorense, se quedó inmóvil. Mario Tomás y su acompañante salieron de la Presidencia Municipal y la amenaza quedó en el aire de tal suerte que hoy están auditando de parte del gobierno del Estado al ayuntamiento de Matamoros.

Para llevar a cabo la judicialización del proceso electoral -cuyas elecciones serán el 6 de junio de 2021-, el chiquitiaje también cuenta para el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque es la base la que mueve a las multitudes el día de las votaciones, de esta manera la Auditoría Superior del Estado, ha dispuesto que declaren ante la Contraloría Municipal de Matamoros, 38 exfuncionarios de la administración del exalcalde priísta -ahora empanizado, empleado del gobierno del Estado y amenazado-  Jesús de la Garza Díaz del Guante que en tiempos de elecciones pero en el 2018 mientras andaba en busca de la reelección dispuso que sus compañeros funcionarios del Ayuntamiento que presidía, entregaran becas casa por casa lo que constituía una falta a la Ley Electoral y que ahora en 2021, aquellos que participaron están siendo requeridos pues el objetivo es inhabilitarlos o amarrarles las manos para que no realicen activismo político. Uno de ellos es Héctor Silva Santos, presidente del Comité Municipal del PRI, en Matamoros, quien ya fue requerido y espera que se resuelva su situación.

Al respecto nos comenta:

“Ya respondí al requerimiento y es un tema que -cosa curiosa- lo sacan hasta ahorita siendo un tema de 2018, eso viene desde que yo era regidor”.

-¿De dónde salió la iniciativa para que compareciera?

-Fue un compañero regidor del PAN (de esa administración) Antonio Amaro Chacón, que denunció y lo hizo en algunas dependencias del Estado.

-¿De todo esto que esta pasando tendrías algo que decirle al gobernador Cabeza de Vaca?

-Creo que tiene que privilegiar la democracia en Tamaulipas.

Silva Santos hizo énfasis en que “esas herramientas”, (la judicialización intimidatoria con demandas) no la debe de utilizar el gobierno, “porque no se trata de amedrentar ni inhabilitar, sino de competir”.

En su comparecencia el líder priista matamorense contesto 10 preguntas concretas por escrito, siempre asesorado por sus abogados, en la confianza de que esto no pasará a mayores y que de pasar, acudirá a las instancias superiores para su defensa.