El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio luz verde a una controvertida reforma legal que permitirá imponer la cadena perpetua tanto a adultos como a menores de edad a partir de los 12 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y vínculos con pandillas, La medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer el combate a la criminalidad en el país.

La iniciativa, previamente aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, establece que la sanción podrá aplicarse tanto a autores materiales como a cómplices. Además, contempla la revisión obligatoria de las sentencias, tomando en cuenta factores como la reincidencia, la cantidad de delitos cometidos o la presencia de agravantes en los casos.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de nuevos juzgados de lo criminal, que entrarán en funciones a partir del 26 de abril. Estas instancias sustituirán a los antiguos tribunales de menores y tendrán la facultad de revisar periódicamente las condenas, con la posibilidad de evaluar un régimen de libertad controlada bajo condiciones específicas.

La normativa también fija plazos para revisar las penas de prisión perpetua. En el caso de menores, esta evaluación deberá realizarse después de 25 años de reclusión, mientras que para adultos será a partir de los 30 años, extendiéndose a 35 o incluso 40 años en situaciones con múltiples delitos o agravantes.

Antes de esta reforma, la legislación juvenil salvadoreña establecía penas considerablemente menores, con un máximo de hasta 20 años para adolescentes de 16 años y 10 años para quienes tenían 12. Este giro en la política penal ha generado críticas de organismos de derechos humanos, que advierten posibles afectaciones a las garantías fundamentales, especialmente en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente desde 2022, implementado para combatir a las pandillas.