En pleno auge del rechazo por los alcoholímetros, el diputado de Tijuana Jaime Cantón Rocha planteó sanciones más severas a conductores que circulen en estado de ebriedad, además de la suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y en caso de reincidencia, penas de prisión de 3 meses a 3 años.

“Cada quien es responsable de sus propios actos… pero debemos preguntarnos si estamos haciendo todo para prevenir accidentes y salvar vidas”, sostuvo el legislador.

La propuesta de endurecer sanciones contra conductores ebrios parte de una necesidad real: reducir accidentes y salvar vidas. Sin embargo, el contexto actual de desconfianza hacia los operativos de alcoholímetro, percibidos por ciudadanos como mecanismos de fiscalización más amplios, pone en duda su legitimidad. Sin corregir esas prácticas, cualquier reforma podría enfrentar rechazo social. El reto no solo es castigar, sino garantizar que las medidas se apliquen con un enfoque verdaderamente preventivo.