Horas después de ser destituido de la Presidencia, Santiago Peña fue detenido por orden de la Fiscalía en una investigación relacionada con la caída de Ueno Bank, una entidad financiera donde quedaron congelados recursos de clientes e instituciones públicas, en medio de una crisis que provocó protestas y un cambio de gobierno en Paraguay.
La captura ocurrió la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en su residencia de Asunción, después de que el Senado lo declarara responsable de mal desempeño de funciones mediante un juicio político, mientras el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumía la Presidencia para completar el periodo que concluye en 2028.
El Ministerio Público confirmó que la orden fue emitida dentro de la causa penal 92/2026 por la investigación de lesión de confianza y otros hechos, además de disponer la detención de Carlos Carvallo, quien había renunciado días antes a la dirección del Banco Central de Paraguay en medio del escándalo financiero.
Aunque inicialmente quedó bajo custodia en su domicilio, Peña fue trasladado por seguridad al Regimiento Escolta Presidencial ante las manifestaciones afuera de su vivienda, donde pasó la noche antes de comparecer este sábado 7 de noviembre ante la Fiscalía General del Estado, acompañado de su abogado Ricardo Preda.
La investigación se concentra en las decisiones relacionadas con Ueno Bank y el manejo de recursos públicos depositados en esa institución, mientras legisladores cuestionan los vínculos del exmandatario con el grupo financiero del que fue accionista y señalan una actuación insuficiente de los organismos reguladores ante sus problemas económicos.
El cierre del banco por problemas de solvencia afectó a una entidad con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre ellos organismos estatales, mientras el expediente general ya comprendía 27 personas imputadas, incluidos fundadores y directivos de la institución financiera.
Peña rechaza haber cometido irregularidades y su responsabilidad penal permanece pendiente de resolución, mientras un juez deberá determinar las medidas cautelares correspondientes después de las diligencias ante la Fiscalía, dentro de un procedimiento separado del juicio político que lo dejó fuera de la Presidencia.