Presentó la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito se atribuciones y facultades y los que resulten en contra del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el exrector Guillermo Mendoza Cavazos de la máxima casa de estudios.

En el pliego de la denuncia, también involucran al exsecretrario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, exsecretario de Administración de Tamaulipas en la gestión de Cabeza de Vaca.

José Carlos Mora García, abogado general de la UAT, en rueda de prensa el 20 de febrero, informó que a consecuencia del proceso de entrega–recepción se encontró una serie de inconsistencias:

Todo comenzó en 2016, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría de Educación Pública Federal con el Gobierno del Estado y la UAT, a fin de proporcionar un subsidio para cumplir con sus funciones académicas.

Posteriormente, para el ejercicio fiscal del año 2022 la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado aportarían a la UAT, cuatro mil ciento veintidos millones, cuatrocientos veintinueve mil seis pesos.

El Gobierno del Estado, por conducto de Cabeza de Vaca aportaría 1, 650, 739, 222.00 (mil seiscientos cincuenta millones setecientos treinta y nueve mil doscientos veintidós pesos).

El 19 de abril de 2022, Guillermo Mendoza Cavazos, entonces Rector de la UAT, solicitó a Francisco Javier García Cabeza De Vaca, en ese momento gobernador, un inmueble en donación en Reynosa, Tamaulipas, para edificar un campus universitario.

Guillermo Mendoza, el rector, dijo que, a esa fecha el Estado, es decir Cabeza de Vaca, debía a la UAT, 191,773,749 (ciento noventa y un millones setecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve pesos) por lo que la Universidad, podía considerar como aportación parcial el valor que tuviera el inmueble.

Entonces, el Secretario de Administración Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, respondió a la petición del rector Guillermo Mendoza, que sí había un inmueble, siendo una fracción de terreno rústico en Reynosa, con una superficie total de 60-03-79 (sesenta hectáreas, tres áreas, setenta y nueve centiáreas).

Así, Jesús Alberto Salazar, el 17 de mayo de 2022, emitió la Declaración de Procedencia respecto de la enajenación del inmueble en su modalidad de dación en pago.

Luego, el 23 de mayo de 2022, el ingeniero civil, Maximino Ortiz Benavides, emitió el avaluó del inmueble a enajenar, otorgándole un valor de 187, 804, 094.00 (ciento ochenta y siete millones ochocientos cuatro mil noventa y cuatro pesos).

Ese día el entonces gobernador Cabeza de Vaca, envió al H. Congreso del Estado, la iniciativa de Proyecto de Decreto para que se autorizara la enajenación del inmueble a favor de la Universidad, conforme a la figura jurídica de la dación en pago.

Pero luego, en función a las medidas tomadas con motivo del Covid-19, medidas sin contemplar en el presupuesto de egresos de ese año, era necesario el redireccionamiento del gasto público para atender la contingencia.

El entonces Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores además de hacer la iniciativa, apuntó que se hiciera sin problema la donación del inmueble, por eso el 2 de junio de 2022 el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió el Decreto 65-167 mediante el cual autorizó la enajenación del inmueble.

Después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, publicada en su página oficial de internet, respecto de la Auditoría No.1844.

Al fiscalizar que las transferencias del dinero en el programa “subsidios federales para organismos descentralizados estatales” (u006), en el apartado número cuatro de resultados precisó:

“Se verificó que, mediante el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0164/22 y 0918/22, el Gobierno del Estado de Tamaulipas acordó hacer aportaciones estatales a la UAT por:

Fue del orden de 1,650,739.2, mil seiscientos cincuenta millones setecientos treinta y nueve mil doscientos veintidós pesos y 40 mil 531.5 de pesos, en total un millón 691 mil 270 de pesos.

Sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2022 solo aportó un total de 1,190,355.5 (un millón, 190 mil 355 pesos), por eso se determinó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, nunca le depositó a la UAT un monto de 500 millones, 915 miles de pesos y por lo tanto, incumplió con el total de la aportación que le correspondía.

Por eso es que en la auditoría, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores y Jesús Alberto Salazar Anzaldua, dolosamente omitieron aportar más de quinientos millones de pesos a la UAT, ocultando el uso y destino final del dinero, porque nunca acreditó, que ese recurso se hubiera redireccionado a la salud.

En esa rueda de prensa, José Carlos Mora, abogado de la UAT, explicó las conductas irregulares cometidas por Francisco Javier García Cabeza De Vaca, Gerardo Peña Flores y Jesús Alberto Salazar Anzaldua, ex gobernador, ex secretario general de gobierno y ex secretario de administración respectivamente:

“Ellos dieron una aplicación distinta a los recursos públicos estatales, que debieron ser ministrados a la Universidad intentándolo justificar en los gastos erogados por la pandemia”.

Ante la sorpresa de los periodistas convocados, porque de todo lo que se ha dicho Cabeza de Vaca está saliendo avante, José Carlos Mora agregó:

“La iniciativa que se envió al Congreso del Estado por parte de del ex Gobernador Cabeza de Vaca y Gerardo Peña, ex Secretario General de Gobierno refiere que el valor del inmueble, era de 187, 804, 094.00 (ciento ochenta y siete millones ochocientos cuatro mil noventa y cuatro pesos)”.

De manera convincente José Carlos Mora, le siguió:

“El valor real del inmueble de Reynosa es de 13, 081, 000.00 (trece millones ochenta y un mil pesos), según el avalúo que se acompaña a la denuncia”.

Rematando su frase el funcionario estatal explicó:

“Con el sobreprecio del bien inmueble se tuvo por pagado el adeudo de mas de 174 millones de pesos que correspondían a la UAT, por tanto los imputados mintieron al Congreso para tratar de ocultar el desvío de recursos públicos, además de coaligarse para tomar medidas contrarias a la ley”.

Por último José Carlos Mora sentenció:

“Derivado del proceso entrega-recepción y en consecuencia de este proceso, se han encontrado inconsistencias graves que afectan al patrimonio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del orden de 180 millones de pesos”.