La Comisión Nacional de los Derechos Humanos volvió a colocarse en el centro de la polémica tras publicar la recomendación 208VG/2026 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque el documento reconoce violaciones graves contra 92 estudiantes durante los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, su contenido ha sido interpretado como un intento de deslindar institucionalmente al Ejército y debilitar las investigaciones que durante años señalaron omisiones, ocultamiento de información y participación de integrantes de las fuerzas armadas.

La recomendación, integrada por 867 páginas, sostiene que la llamada “verdad histórica” impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue tan perjudicial como lo que la CNDH denomina “antiverdad histórica”, término con el que se refiere a las investigaciones que colocaron bajo sospecha al Ejército. Bajo este argumento, el organismo rechaza que la desaparición pueda definirse como una acción de Estado y reduce la posible responsabilidad gubernamental a conductas irregulares cometidas por servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

El documento también cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y de organizaciones defensoras de derechos humanos. La CNDH afirma que algunas de estas instancias utilizaron información parcial para construir una narrativa y sostiene que los señalamientos contra las fuerzas armadas alimentaron el sensacionalismo, pese a que el GIEI documentó que militares vigilaban a los estudiantes, contaban con informantes dentro de la Normal y poseían información relevante sobre lo ocurrido aquella noche.

Uno de los puntos más controvertidos es el relacionado con los documentos de inteligencia militar que durante años han exigido las familias. Mientras los padres y sus representantes mantienen que la Secretaría de la Defensa ha ocultado archivos relacionados con intervenciones de comunicaciones y movimientos registrados en Iguala, la CNDH asegura que solicitó la información y que ésta le fue entregada. Esta conclusión contradice los señalamientos del GIEI y de los familiares, quienes han denunciado reiteradamente la resistencia del Ejército para abrir sus archivos.

Lejos de acercar a las familias a la verdad, la recomendación profundiza las dudas sobre la autonomía de la CNDH encabezada por Rosario Piedra Ibarra. El organismo tenía la oportunidad de exigir transparencia, esclarecer la actuación de todas las instituciones y respaldar a las víctimas, pero optó por desacreditar investigaciones independientes y ofrecer una interpretación favorable a las fuerzas armadas. A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, México continúa sin saber dónde están los jóvenes, mientras las instituciones disputan las versiones del caso y la justicia permanece pendiente.