El alcalde morenista Armando Martínez Manríquez busca saltar de la Presidencia Municipal de Altamira a la Cámara de Diputados en medio de una pregunta que no ha podido responder con suficiencia: cómo es que operó durante años una gigantesca red de contrabando de combustibles en el municipio industrial que gobierna sin que su administración detectara, denunciara o explicara públicamente el movimiento de buques, pipas, tractocamiones y centros de almacenamiento.

Martínez Manríquez, se encuentra atrapado entre la geografía del delito, sus relaciones partidistas, un contrato otorgado a una empresa relacionada con los hermanos Carmona y su silencio ante operaciones que convirtieron a Altamira en uno de los principales puntos de ingreso del huachicol fiscal a México.

La investigación federal sostiene que embarcaciones procedentes de Estados Unidos ingresaban gasolina y diésel mediante documentos que declaraban falsamente “aditivos para aceites lubricantes”, con lo cual los importadores evadían impuestos.

La red utilizó las aduanas de Altamira y Tampico, funcionarios portuarios, mandos de la Marina, agencias aduanales, empresas importadoras y transportistas.

Las indagatorias han establecido que desde 2023 se realizaron decenas de embarques y que por las aduanas involucradas ingresaron cientos de millones de litros de combustibles con documentación falsa.

Altamira fue señalada como uno de los principales puntos de entrada, entre abril de 2024 y enero de 2025 habrían sido detectados al menos 14 buques relacionados con esta modalidad de importación.

El caso adquirió dimensión nacional en marzo de 2025, cuando las autoridades federales aseguraron el buque Challenge Procyon, contenedores, tractocamiones, armas y aproximadamente 10 millones de litros de diésel, cuando embarcación había declarado transportar aditivos para lubricantes.

El aseguramiento se efectuó en instalaciones portuarias federales localizadas en la zona de Tampico-Altamira y la operación posterior alcanzó a funcionarios de las aduanas marítimas de ambos puertos, empresarios, transportistas y mandos navales.

El problema para el alcalde Martínez Manríquez comienza fuera de los muelles debido a que una operación de esta magnitud necesita cientos de pipas, patios de almacenamiento, rutas terrestres, permisos de uso de suelo, accesos, establecimientos y circulación constante de vehículos pesados dentro del corredor industrial de Altamira.

Martínez Manríquez ha respondido que la investigación corresponde a las dependencias federales, no obstante, su administración tiene facultades en protección civil, desarrollo urbano, uso de suelo, tránsito, comercio y vigilancia de establecimientos situados fuera del recinto portuario.

La presión aumentó en agosto de 2026, cuando la FGR cateó una empresa instalada en el corredor industrial de Altamira y aseguró aproximadamente 297 mil litros de combustible, 23 tractocamiones, pipas, cisternas, bombas despachadoras y otros equipos se lo cual la Marina informó además sobre dos personas detenidas.

Este aseguramiento volvió a demostrar que el problema no estaba limitado a la zona federal del puerto, si no tambien a las funciones territoriales del alcalde Martínez Manríquez cuya infraestructura utilizada para almacenar y distribuir combustible también operaba en territorio municipal.

El antecedente más directo que relaciona administrativamente al gobierno de Martínez Manríquez con el entorno de los hermanos Carmona aparece en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira.

Este encadenamiento se da en 2022, cuando la Comapa firmó el contrato CA/011/2022 con Careg Vendor Exim Group, S.A. de C.V., para arrendar maquinaria pesada: un cargador frontal, un camión de volteo y retro excavadoras donde se ha relacionado a esa compañia con los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo. Sergio Carmona fue señalado como operador del contrabando de combustibles y presunto financiador de campañas de Morena antes de ser asesinado en noviembre de 2021.

El contrato establecía hasta dos mil horas de trabajo para cada máquina, pero la Comapa publicó solamente una parte del documento en la Plataforma Nacional de Transparencia, impidiendo conocer con claridad el monto total, las condiciones de pago y el procedimiento completo de contratación.

Ese contrato no demuestra que Armando Martínez participara en el huachicol y con esto acredita que un organismo público de Altamira celebró negocios con una empresa vinculada a los Carmona y que la información contractual fue difundida de manera incompleta.

El alcalde está obligado a transparentar quién propuso al proveedor, cuánto dinero recibió, qué maquinaria entregó, dónde trabajó y si la Comapa revisó a sus beneficiarios y antecedentes.

Estas versiones hablan de entrega de recursos y apoyo logístico, pero no encontré una resolución del Instituto Nacional Electoral, una imputación de la FGR ni una sentencia que confirme que el alcalde recibió dinero procedente del contrabando.

A esto se suma que, durante 2021, Altamira concentró 126 de las 212 tomas clandestinas de hidrocarburos detectadas en Tamaulipas. Representaban aproximadamente 60 por ciento de los puntos localizados en la entidad.

Altamira se ha convirtido en un territorio estratégico para el mercado ilegal de hidrocarburos.

Armando Martínez gobierna Altamira desde octubre de 2021 y fue reelegido en 2024 pero ahora ha dejado abierta la posibilidad de buscar una diputación federal en 2027 por el distrito con cabecera en la región.

Antes de solicitar una nueva responsabilidad, Martínez Manríquez deberá responder qué hizo frente al crecimiento del mercado ilegal de combustibles en su municipio.

Hasta ahora, el papel documentado de Armando Martínez en el trafico de el huachicol, es parte de una búsqueda pues en su administración, en su municipio, hubo enormes operaciones de almacenamiento, transporte y distribución de combustible ilegal que debieron ser detectados y denunciados por protección civil municipal y otra dependencias bajo su mando.