A unos días de una audiencia programada para el 17 de junio, la fiscalía federal de Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Este de Nueva York analizar la posible aplicación de mecanismos especiales para el manejo de información clasificada dentro del juicio que enfrenta Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara.

La petición fue presentada por el fiscal federal Joseph Nocella, quien busca que el tribunal establezca un calendario procesal para determinar si parte de las pruebas del caso deben quedar protegidas bajo la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés).

De aprobarse esta medida, algunas evidencias podrían mantenerse bajo reserva al estar relacionadas con fuentes de inteligencia, métodos de investigación sensibles o información considerada de seguridad nacional para Estados Unidos.

La legislación permite restringir el acceso a ciertos documentos, sustituir información clasificada por resúmenes autorizados e incluso proteger la identidad de agentes encubiertos durante el desarrollo del proceso judicial.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la aplicación de esta ley busca evitar la divulgación pública de información sensible sin afectar el derecho del acusado a una defensa adecuada y a un juicio justo.

Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos en febrero de 2025 y enfrenta cargos por delincuencia organizada, tráfico de drogas y uso de armas de fuego vinculados con actividades de narcotráfico.

El exlíder criminal también es señalado por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en Guadalajara en 1985, caso que lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses.