El caso de la matanza de los soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas llegó al juzgado, donde la Fiscalía General de la República (FGR), acusó a siete militares, aunque uno de ellos está libre, del asesinato de cinco jóvenes, presuntos integrantes de un grupo criminal registrado en mayo, pero trascendió hasta junio, cuando el diario El País de España público el video, proporcionado por las cámaras de seguridad de un centro comercial.

El pliego acusatorio afecta a siete de los 16 soldados señalados por el caso, cuando la Fiscalía de Justicia Militar inició su propia investigación y los detuvo presuntamente por configurarse delitos contrarios a la disciplina militar, ejercicio ilícito del servicio público como lo boletinó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado.

Las personas ultimadas fueron identificadas oficialmente como José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.

Ahora, la Fiscalía civil ha repartido sus propias acusaciones, dejando fuera a nueve de los 16 elementos castrenses de Operaciones Especiales, que viven presos en Campo Militar Número uno, en Ciudad de México, identificados en la carpeta de investigación 203/2023, como:

El teniente de infantería José Luis Nava Martínez y sus subalternos Armando N; Benito N; Ángel N; Filiberto N; Carlos N y Julián N.
Una cámara de seguridad, ubicada en la parte trasera de un centro comercial en la colonia Los Encinos, que da justo a un terreno baldío, captó el momento en que los presuntos narcotraficantes, primero chocaron contra una barda perimetral, mientras escapaban en una camioneta blindada.

Ya desarmados y sometidos, todos los presuntos narcos fueron esposados, vendados de los ojos y fusilados por los militares, que luego fingieron un enfrentamiento, lo que expuso su actuación arbitraria y violatoria de los derechos humanos, señaló Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Ya muertos, a los supuestos narcos se les sembraron armas.
Aunque hay uso excesivo de la fuerza (de acuerdo con lo que se observa por la cámara), la FGR pasó por alto este delito a los militares, explicó Raymundo.

La audiencia inicial, que condujo el Juez de Control, Eduardo Javier Sáenz Torres, se hizo en el Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, cuya diligencia fue presenciada por los familiares de las víctimas a través de videoconferencia.

Los militares imputados y su defensa, siguieron la diligencia a distancia, desde las instalaciones del Juzgado Militar de Ejecución y Sentencias, adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México.

Los asesores jurídicos de las familias de las víctimas solicitarán al juez de control que los 16 militares actualmente detenidos por delitos cometidos en el orden judicial sean imputados por delitos contra la administración de la justicia, encubrimiento, y homicidio en grado de coparticipación criminal, entre otros y no solamente los siete que acreditó la FGR.