Se convirtió José Asunción Chón Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, como el […]
Se convirtió José Asunción Chón Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, como el primer servidor público detenido como parte de la investigación federal en torno al Rancho Izaguirre, acusado de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Chón fue detenido el 3 de mayo, pero rechazó declarar sobre las acusaciones de que permitió la operación del centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio (según las madres buscadoras), del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De esa manera, es decir dos días después de su captura, estuvo en prisión, negándose incluso a hablar del tema con otros de los internos del reclusorio:
“Solo déjenme en paz”.
El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, fue señalado por colectivos de búsqueda y autoridades como un centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio operado por el CJNG (aunque algunos de ellos se empeñen en negarlo).
Fungía Chón como alcalde del municipio, fue identificado por varias víctimas como cómplice de las actividades ilícitas que se hacían dentro del rancho, incluyendo provisión de recursos y personal municipal para la búsqueda y captura de personas que intentaban escapar, así como el uso de patrullas oficiales para facilitar las operaciones del CJNG.
Misma situación que hizo en su momento Tomás Gloria Requena, alcalde de San Fernando, Tamaulipas en abril de 2011 en el que prestó maquinaria rentada del municipio para sepultar cientos de cadáveres de Los Zetas, y que aún sigue laborando en el gobierno estatal.
Cabe destacar que Chón ya tenía tiempo como alcalde, pues asumió el puesto en tres periodos distintos: del 2012-2015, del 2021-2024 y del 2024 al presente.
De acuerdo con los testimonios, Chón aunque lo negó, tenía conocimiento de la existencia del rancho, recibiendo un pago de 70 mil pesos semanales para colaborar con el CJNG.
Con esta detención, suman 15 de policías que fueron señalados como cómplices; sin embargo, esta es la primera de un servidor público.
Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sería la FGR la encargada de informar al respecto:
“El caso lo está llevando la Fiscalía General de la República. Nosotros pedimos que la Fiscalía atrajera el caso. Es el fiscal (Alejandro Gertz Manero) el que debe informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial de este presidente municipal”.
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