Les cayó el chahuistle a los Gopes del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque le acaban de ordenar a la Fiscalía General de la República, que investigue la masacre y carbonización de las 19 personas, entre ellos 16 guatemaltecos de Comitancillo, San Marcos, ocurrida en Camargo, Tamaulipas.

Eduardo García Salgado, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas, dio la orden, que hasta el momento la investigación estaba en manos del amigo de Cabeza de Vaca, Irving Barrios Mujica, Fiscal General de Tamaulipas (FGJE).

La medida dictada se debe a que contenido de la carpeta de investigación, la desconocen a detalle el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; el gobernador departamental de San Marcos, Luis Carlos Velásquez y Mario Búcaro, embajador de Guatemala en México –el que por temor huyó de Camargo cuando investigaba-.

Sucede que el Poder Judicial de Tamaulipas clasificó de reserva el expediente 23/2021 relativo a los Gopes, brazo ejecutor de Cabeza de Vaca, durante cinco años o hasta que se firme una sentencia que no pueda ser recurrida.

Inicialmente Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, rechazó la competencia de la investigación del caso de los guatemaltecos asesinados y carbonizados, a pesar de contar con agentes especializados, como los de la Unidad Especial de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentó una denuncia ante la FGR, alegando que en el homicidio e incineración de 16 guatemaltecos de los 19 localizados en Camargo, se encuadran delitos del ámbito federal que deben ser investigados.

Esta iniciativa tendrá que ser del conocimiento de las víctimas indirectas, que son los familiares de los 16 migrantes guatemaltecos y de tres mexicanos que, se presume, trabajaban ayudando a cruzarlos al otro lado.

En su dictamen, el Juez redacta que:

“Los agentes del Ministerio Público no pueden omitir su deber de iniciar una investigación, ni descartar su competencia, que la existencia de una investigación estatal, no impide que las autoridades federales inicien sus propias pesquisas y que nos encontramos, ante una grave violación de los derechos humanos”.

La investigación que ejecutarán los federales, tiene como propósito establecer que además de los 12 Gopes procesados por homicidio, abuso de autoridad y falsedad documental, increíblemente se les exoneró de la carbonización de los 16 guatemaltecos.

La atrocidad se descubrió el 22 de enero, cuando fueron hallados 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas. De ellos, 16 correspondían a migrantes guatemaltecos que se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos de Norteamérica.

De hecho, fueron sus familiares los que avisaron de la masacre, después de recibir la llamada de los coyotes advirtiendo que habían sido atacados. Posteriormente se supo que al menos cinco migrantes sobrevivieron al ataque por ir en un vehículo distinto y que se encuentran en Estados Unidos, donde prestaron declaración como testigos protegidos.

Diez días después de la masacre fueron detenidos 12 Gopes, pero había una treintena de ellos, cuando un dron de reconocimiento, tomó imágenes precisas, de allí la identificación del brazo armado de Cabeza de Vaca.

La masacre de los guatemaltecos está rodeada de secretos judiciales, es decir, se desconoce el contenido de las declaraciones de los 12 Gopes detenidos ante el juez, ya que el Poder Judicial clasificó como secretas durante cinco años, el contenido de las audiencias en el expediente 23/2021.

Según la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas, los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no pueden ser declarados como reservados, pero el juez del caso, resuelve que el caso, se encuentra en fase de investigación complementaria.

El Instituto Nacional de Migración de México costeó la repatriación de los 16 chapines asesinados y carbonizados, mientras que con recursos del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, se les llevó hasta sus lugares de origen.

Las víctimas de Camargo, Tamaulipas ya fueron sepultados, pero sus familiares se enfrentan a las deudas que les quedaron, por pagar a los coyotes el fatal viaje, probablemente alguna esté por perder su casa o terreno que dieron como garantía.

Pero al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, poco le importa la situación, incluso los propios Gopes detenidos, tienen abogados particulares, por eso es que la Fiscalía General de la República hará su propia investigación paralela, que empezará el 28 de marzo.