En el mes de noviembre de 2020, 17 proveedores encabezados por el empresario Sergio Banda demandaron públicamente el pago de facturas atrasadas de parte de Comapa Altamira, pero en ese entonces el recién nombrado gerente general Raúl Manzur Manzur no les dio la cara a los proveedores a quienes la dependencia les adeuda 14 millones de pesos.

Aquella vez los proveedores se congregaron y denunciaron ante los medios de comunicación en las afueras de las oficinas administrativas ubicadas a un costado de la Unidad Deportiva de Altamira, pero no tuvieron respuesta del gerente general Raúl Manzur.

En busca del diálogo con Raúl Manzur que no se dio, la petición de Sergio Banda y 16 proveedores más, era:

“Estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben desde hace más de noventa días -mes de junio-, nos urge el pago, nosotros tenemos empleados, pagamos impuestos y el mes próximo tendremos que cumplir con el pago de aguinaldos aunado a que la pandemia del Covid-19 también nos ha causados grandes estragos a nuestro capital financiero”.

Cansados de esperar a que Comapa Altamira les pague sus facturas por servicios que ya fueron prestados con anterioridad, los empresarios demandaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) Expediente 75/2020-III-9, juicio ordinario mercantil promovido ante el Juez Décimo de Distrito por 12 de los 17 proveedores contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Altamira y (o) quien resulte responsable.

Los proveedores afectados tienen varios meses, tratando de dialogar con el gerente de la dependencia Raúl Manzur Manzur, para que se liquiden esas facturas atrasadas por un monto que oscila en los $14,090,823.16 pesos.

Los demandantes prestaron servicios a Comapa con diversos giros como refaccionarias, materiales varios, arrendamientos de vehículos y maquinarias señalaron que ellos invirtieron para dar estos servicios a la dependencia y necesitan ese dinero.

El área jurídica de Comapa ya fue notificada por el Juez Décimo de Distrito sobre la demanda expediente 75/2020-III-9, tiene diez días para responder como marca la ley.